19 ago. 2025

Corte IDH estudia este martes demanda contra Paraguay por condena a ex director de ABC

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por violaciones al derecho a la libertad de expresión, al principio de legalidad y a las garantías judiciales en perjuicio de Aldo Zuccolillo, en la demanda promovida por el entonces senador Juan Carlos Galaverna.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública.

GENTILEZA/Publicada en @CorteIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizará este martes una audiencia por una demanda contra el Estado de Paraguay por violaciones a la libertad de expresión a raíz de una condena judicial del 2001 en perjuicio del fallecido ex director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo.

Los hechos denunciados se remontan al 24 de diciembre de 1998, cuando Juan Carlos Galaverna, entonces senador, presentó una querella criminal contra el diario ABC Color y su director Aldo Zuccolillo, por los delitos de calumnia, difamación e injuria, alegando que el medio había publicado al menos quince notas “manipuladoras, mentirosas, distorsionadas y tendenciosas” destinadas a desprestigiarlo y ridiculizarlo.

El 30 de abril de 2001, Zuccolillo fue condenado por los delitos de difamación, calumnia e injuria a la pena de 360 días de multa, indica la demanda contra el Estado presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La sentencia fue apelada y el tribunal de apelación resolvió que únicamente se había configurado el delito de difamación y aumentó el monto de la multa, pero el querellante interpuso un recurso de casación ante el cual, el 28 de diciembre de 2005, la Sala Penal de la Corte Suprema calificó de nuevo los hechos como constitutivos de tres delitos: difamación, calumnia e injuria y le impuso la pena adicional de pago de la “composición”.

La CIDH. En la demanda contra el Estado, la CIDH argumentó que las críticas formuladas por Zuccolillo versaban sobre asuntos de evidente interés público, pues aludían a posibles actos de corrupción de un senador, por lo que estaban especialmente protegidas en una sociedad democrática, por lo que el derecho penal no resultaba aplicable.

Tras la audiencia que se llevará a cabo este martes, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito a la CorteIDH, y a partir de entonces, el tribunal podrá emitir un fallo en los siguientes meses.

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