El juez penal de Garantías Julián López dispuso la desestimación de la denuncia por exacción o cobro irregular contra el cuestionado ex defensor del Pueblo Miguel Godoy, caso que sumado a otras acusaciones le obligaron a presentar su renuncia al cargo.
En contacto con Última Hora, el magistrado explicó que la resolución se firmó este último miércoles, tras analizar un pedido de la Fiscalía realizado el 30 de diciembre de 2022, a cargo de la agente Victoria Acuña Ricardo, de la Unidad Penal Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
La Fiscalía sostuvo que no existió el cobro irregular debido a que el dinero que pagaron los objetores de conciencia “nunca pasó por las manos del director ni el defensor”, sino que iba directo a una cuenta del Tesoro Nacional, del Ministerio de Hacienda.
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Esto, explica López, se concluyó tras analizar los dos tomos de informe que presentó la fiscala, con base en declaraciones de los miembros del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, sobre todo de la directora Eva Dionisia Giménez, titular de la Dirección General de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, también se evaluaron informes sobre las declaraciones a las supuestas víctimas de los cobros.
La denuncia por exacción fue presentada en agosto del año pasado por la abogada Diana Vargas, quien argumentó que Miguel Godoy cobró compulsivamente a unos 4.000 objetores de conciencia, desde el 2019, sin estar habilitado legalmente para hacerlo.
En ese sentido, la profesional del Derecho sostuvo que el entonces defensor del Pueblo “ha hecho una interpretación antojadiza del artículo 21 de la Ley 4013/10, que reglamenta la objeción de conciencia, con el único fin de recaudar ilegalmente”.
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En medio de la denuncia por exacción, el ex funcionario fue protagonista de una oleada de denuncias, entre las cuales se lo señaló de supuestamente asignar labores de empleada doméstica a una funcionaria de la institución a su cargo e incluso maltratos y despidos masivos.
La serie de acusaciones e irregularidades que se le atribuyen a Godoy hicieron que su permanencia en la Defensoría del Pueblo sea insostenible e incluso corrió el riesgo de ser destituido por juicio político.
Por todo esto, se vio obligado a renunciar, hasta que el 28 de setiembre de 2022 la Cámara de Diputados aceptó su dimisión y en su reemplazo asumió Rafael Ávila.
