La denuncia, que fue presentada ante el Ministerio Público por la abogada Diana Vargas, sostiene que Miguel Godoy cobró compulsivamente a unos 4.000 objetores de conciencia, desde el 2019, sin estar habilitado legalmente para hacerlo.
El hecho punible por el cual se presenta la denuncia es por exacción, cuya expectativa de pena establecida en el Código Penal es de hasta 10 años de cárcel.
Según la denuncia, el defensor del Pueblo “ha hecho una interpretación antojadiza del artículo 21 de la Ley 4013/10, “que reglamenta la objeción de conciencia, con el único fin de recaudar ilegalmente”.
Asimismo, se señala que este se aprovechó del desconocimiento y la desesperación de personas que deben presentar el certificado de objetor para acceder a un puesto de trabajo y otras gestiones.
La abogada sostiene que, incluso durante la pandemia, el mismo se dedicó a recaudar en colonias menonitas y en el presente año comunicó a empresas que sus empleados debían presentar el carné de objetor en caso de no haber realizado el Servicio Militar Obligatorio (SMO) y la supuesta obligación de abonar una contribución.
Sobre el punto, se explica que dicha obligación rige únicamente para quienes se declararon objetores antes de la entrada en vigencia de la referida ley, en junio de 2010.
Actualmente, el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, está en el ojo de la tormenta luego de que se presentara una denuncia en la que se lo señala por supuestamente asignar labores de empleada doméstica a una funcionaria de la institución a su cargo.
