Los padres de la víctima que pertenecía a Juventud Liberal Radical Auténtica, Fidelino Quintana y Felicia Arrúa, impulsaron la investigación a través de su abogado Guillermo Duarte, para esclarecer quién dio la orden de ingresar a la sede partidaria sin orden judicial y con balas de plomo. Sin embargo, la posibilidad de llegar a una conclusión “cada vez se diluye más”, lamentó el representante legal.
De acuerdo a Duarte, los padres están “devastados por la noticia de que se dejó el derecho a investigar y a reclamar esto a una persona que se podría decir que hasta es su enemiga, como Leticia Redes, porque ellos relacionamiento bueno con ella no tienen, es más es una relación conflictiva para poder verle a la nieta”.
Se refirió a la ex pareja de Rodrigo Quintana, cuyos abogados Ana Mora y Óscar Fabián Ramírez obstaculizaron la búsqueda de los cruces de llamadas a las autoridades de la Policía Nacional, elemento que serviría para investigar quién dio la orden que derivó en el asesinato del joven.
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Por su parte, Duarte presentó un recurso de casación para anular la decisión del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, que ratificó la exclusión de la querella de los padres.
Para el especialista, sin dudas hubo un interés superior en investigar la quema del Congreso durante las protestas en contra de la enmienda constitucional, antes que esclarecer la muerte de Quintana, que se dio en el mismo marco. Ambas causas fueron separadas y dificultaron el acceso a evidencias en el segundo caso.
“Hay una politización en la administración de justicia y en el Ministerio Público en particular. Cuando comparás el ritmo y la forma en que llevan estos procesos, uno versus otros, uno se da absolutamente cuenta de que hay intereses contrarios en los procesos, en uno evitar la investigación y en otro inventar incluso casos penales inexistentes”, criticó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
El suboficial Gustavo Florentín, quien ejecutó el disparo mortal, está acusado por el asesinato, pero actualmente se encuentra libre porque ya compurgó los 5 años de cárcel, que es la pena mínima por homicidio y porque el caso está parado.
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Sin embargo, los padres insisten en ir detrás de los responsables intelectuales, mientras que la Fiscalía defiende que la Policía Nacional estaba actuando en flagrante persecución de hechos punibles y por tanto no necesitaba de orden judicial para ingresar al PLRA, lo que a su vez excluye la necesidad de investigar y responder quién dio la orden.
En su momento, Efraín Alegre como titular del PLRA, había acusado a José Ortíz, que entonces era presidente de Tabesa, de haber dado la orden mediante llamada telefónica, teniendo en cuenta la fuerte influencia que tenía en el gobierno de Horacio Cartes. Sin embargo, la Fiscalía no abordó esta línea investigativa.
A las 11:00 de este lunes se realizará un acto de recordación del séptimo aniversario del asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, así como un homenaje al recientemente fallecido Martín Almada.
