27 jul 2026

Caso 31M: Apartan a padres de Rodrigo Quintana de la querella

Los padres de Rodrigo Quintana, asesinado durante el asalto a la sede del PLRA en 2017, no podrán participar del proceso que investiga el caso 31M, que se dio en el marco de protestas contra la enmienda presidencial impulsada por Horacio Cartes.

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Los padres de Rodrigo Quintana quedan fuera del caso que investiga la muerte de su hijo, ocurrido el 2017 cuando la Policía tomó por asalto la sede del PLRA.

Foto: José Molinas

El Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, ratificó la exclusión de la querella de los padres de Rodrigo Quintana –Fidelino Quintana y Felicia Arrúa–, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Con la exclusión, se canceló la personería al abogado de la causa, Guillermo Duarte Cacavelos, y se mantiene como única querellante a Leticia Redes, madre de la hija de la víctima.

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La ratificación del Tribunal tiene como antecedente la postura del fiscal del caso, Giovanni Grisetti, quien dijo, al contestar el traslado, que correspondía hacer lugar al pedido de la querella que representa a la hija de Rodrigo Quintana, porque ella era la heredera de la víctima.

El representante legal de los padres de Quintana recurrirá a una casación ante la Corte Suprema de Jusitica.

El joven liberal fue asesinado por la Policía Nacoinal entre la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril del año 2017, luego de la quema del Congreso Nacional, tras una manifestación contra una enmienda constitucional para introducir la figura de la reelección presidencial, impulsada por el entonces presidente Horacio Cartes.

En los videos que se divulgaron en las redes sociales mostraron que los agentes de la Policía Nacional entraron a disparar y a golpear salvajemente a quienes estaban dentro de la sede del Partido Liberal Radicial Auténtico (PLRA).

Un disparo de escopeta acabó con la vida del joven de 25 años.

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El suboficial Gustavo Florentín es el único acusado en causa y guardó reclusión en la Agrupación Especializada hasta que, en abril del 2022, recuperó su libertad por comportamiento de la pena mínima por el hecho punible.

Si bien, el Ministerio Público abrió una investigación del crimen, a casi 7 años de los incidentes, hasta ahora, no se sabe quién dio la orden de atropellar un partido político.

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