Para Sosa hay un “99% de participación de gente que quiere trabajar”. Explicó que desde las 6.00 salieron los buses por miedo a ser apedreados por no adherirse a la huelga y que solo tres líneas: 111 242 y 59, no prestarán servicios. La última incluso está cancelada.
Para el secretario de Estado, estos son los argumentos para sostener que: “No hay huelga en este momento”.
Sin embargo, la huelga es un hecho y comenzó a la medianoche. Los adherentes que comunicaron la medida de fuerza son: Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte (Fepatrat), Corriente Sindical Clasista (CSC), Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), Federación Nacional Campesina (FNC), cooperativistas, Federación de Taxistas, Federación de Transportistas de Carga, federaciones ambientalistas y la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados (Cobañados).
En sus declaraciones tuvo que admitir que sí existe la medida de fuerza y nuevamente expresó su rechazo a los gremios adherentes: “Se van a la huelga y van a promover violencia”.
Con relación al pedido de reducción del pasaje, manifestó que hay una mesa de trabajo entre empresarios y el Gobierno para estudiar, no solo la tarifa sino también la implementación del metrobús, tren de cercanías y billetaje electrónico, además de la cancelación de líneas informales.
Sobre la pérdida del valor adquisitivo del salario, indicó que un ajuste del 25% perjudicaría a más de 3 millones personas por la suba de precios de los productos que se produciría en consecuencia. También porque sería ilegal, ya que un aumento del salario se puede hacer efectivo cuando la inflación llegue al 10% y se encuentra recién en el 4%.
Una vez más se mostró en contra de la medida. “Los huelguistas están desechando el diálogo y están trayendo confrontación y violencia”, expresó en Monumental AM.
Si bien reconoció que hasta el momento no se reportaron incidentes, insistió en que “hay grupos que solamente van a apelar a las piedras para hacer valer su criterio, su voluntad”.
Legalidad. Si bien aclaró que no le compete determinar si es o no legal la huelga, sino al Poder Judicial, dijo que al ser política corre el riesgo de ser declarada ilegal.
Advirtió que, de ser así, los trabajadores pueden ser despedidos y no recibirán su paga correspondiente al 21 y 22 de diciembre, días de la huelga general.
