Elías Cabral | Canindeyú
La denuncia presentó el concejal Roberto Ocampos, del PDP, a raíz de que la misma empresa investigada por irregularidades en obras con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) nuevamente fue adjudicada para otros emprendimientos.
En el escrito presentado ante el ente contralor, el denunciante hace mención de un monto superior a G. 2.000 millones, aprobado sobre tablas por la mayoría de la Junta Municipal en la última sesión del año 2016, para la construcción de dos obras.
“Además tenemos serias sospechas de que todas las obras son realizadas por el propio intendente utilizando maquinarias municipales y que luego él mismo utiliza facturas compradas de la empresa supuestamente adjudicada. Esta sospecha es porque en ocasiones anteriores ya fueron adjudicadas obras a esta misma empresa y nadie nunca en este municipio vio alguna maquinaria o personal de esta empresa por la ciudad o en los locales de trabajo”, reza la denuncia.
Ocampos incluyó en el documento el nepotismo que estaría cometiendo el jefe comunal, al tener a Francisco Brítez Villagra como jefe de personal y sus sobrinos Francisco Brítez Fariña como encargado en UOC y Marcos Shirakawa Brítez como encargado de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).
Finalmente, el edil solicita se traiga a la vista el resultado de la auditoria que se realizó a la administración de Brítez en el ejercicio 2012-2013, que nunca reveló la Contraloría.
