Pronto descubrieron que el trayecto del caño sería de casi diez kilómetros y que llevaría agua hasta un enorme proyecto inmobiliario que está en avanzado estado de construcción: Un barrio cerrado en San Bernardino, llamado Highlands, en la frontera con Ypacaraí. El predio tiene 90 hectáreas, y albergará más de 400 viviendas y seis edificios de departamentos. Lo más cautivante será una inmensa laguna de agua cristalina, de unas tres hectáreas, rodeada de playas de arena blanca.
La idea de la empresa Petrohue que impulsa el emprendimiento es extraer el agua del corazón biológico de la zona, el Acuífero Caacupé, y el lugar elegido fue Zanja Jhu. ¿Por qué traer agua de un lugar alejado y no usar la del lago, qué está al lado? Porque el Lago Ypacaraí padece niveles tan críticos de cianobacterias y coliformes fecales que, para obtener el agua turquesa y transparente prometida sería necesaria una inversión en tratamiento y filtros económicamente prohibitiva. Además, vender “un estilo de vida de playa” con agua proveniente de un lago tóxico no es comercialmente atractivo. Por eso, el proyecto necesitaba crear su propia “burbuja” de agua pura.
Eso nos lleva de vuelta a Zanja Jhu, donde las familias, en épocas de sequía sufren la escasez del vital líquido, tal como le suele suceder a unas 4.000 personas de compañías cercanas de Altos, Ypacaraí y San Bernardino. Los vecinos vaticinaron que esos caños producirían una catástrofe hídrica y que era absurdo que se permita perforar la tierra para extraer agua potable, apta para el consumo humano, y desperdiciarla en una piscina gigante de uso privado.
La empresa contaba con un permiso aprobado por la Junta Municipal de Atyrá para la excavación, avalado por un registro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y una autorización del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan).
Fue entonces, en enero de este año, cuando comenzó una ejemplar movilización colectiva. Primero, convocaron al intendente y los ediles a una tensa reunión, en la que lograron que los mismos admitieran que “habían sido ingenuamente engañados”. Luego, viajaron a Asunción para reunirse con ministro del Mades y la presidenta del Erssan, ocasión en la que comprobaron que no existía ni licencia ambiental ni autorización ministerial.
La Municipalidad de Atyrá ordenó la suspensión de los trabajos de entubamiento y llegó a retirar los caños, ante una multitud de vecinos que hacían vítores. Pero, lejos de retroceder, la empresa recurrió al Tribunal de Cuentas –presidido por María Celeste Jara Talavera–, obteniendo una insólita medida cautelar que ordenaba que continúe la conexión de los caños bajo el argumento de que el agua es necesaria para proveer a una “comunidad”, es decir, el barrio cerrado.
Lejos de rendirse, la brava comunidad, heredera del legado cívico de su ex intendente Feliciano Martínez, formaron comisiones “defensoras del agua” e iniciaron una campaña con el lema “El agua no es negocio”.
Recurrieron al Obispado de Caacupé, a instituciones de Derechos Humanos, a instancias departamentales, a las Cámaras legislativas y a la Defensoría del Pueblo. Cuando sintieron que no eran suficientemente escuchados, hicieron una gran manifestación, cerrando la ruta PY02.
Días después, la empresa emitió un comunicado titulado “Pedimos disculpas y queremos dialogar”. Quizás sea un poco tarde, pues los atyreños rechazan el diálogo mientras no desistan de llevar su agua. La paradoja de querer construir una playa caribeña sobre la sed de una comunidad de Atyrá despertó una conciencia inusual en la gente, que reclama el agua como derecho social. El conflicto aún no terminó, pero este ejemplo ciudadano de resistencia merece ser conocido.
