Luis Héctor Morínigo Cantero —condenado por sucesivas violaciones— no solo fue liberado sin cumplir su condena, sino también fue expulsado del país a través de la Dirección General de Migraciones, al tratarse de un ciudadano extranjero.
La situación salió a la luz luego de que la jueza Silvana Luraghi alertara sobre la liberación irregular del recluso, quien debía cumplir condenas por violación en Tacumbú hasta el 2040.
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Luis Héctor Morínigo Cantero debía cumplir una pena total de 30 años de cárcel en Tacumbú, pero el mismo fue liberado en los primeros días de abril de este año. Los registros de Migraciones señalan que el mismo fue expulsado del país el 14 de abril.
Notificación recibida
El ministro de Justicia, Daniel Benítez, explicó —en conversación con Última Hora— que a inicios de abril pasado su cartera ministerial recibió un documento. Se trata del oficio judicial Nº 511, de fecha 11 de abril de 2023, emanado del Juzgado de Ejecución Penal, del cuarto turno, por el cual se comunicaba que el recluso cumplió con las dos condenas anteriores y por el cual se dispone su libertad, ya que este debería ser expulsado del país.
El titular del Ministerio de Justicia explicó que el condenado por violación tenía tres causas, pero solo las dos condenas anteriores figuraban en los registros de Tacumbú, Justicia y de la Policía Nacional.
“El recluso fue llevado a (el Área de) Judiciales, donde se revisó si tenía otras resoluciones pendientes y como no figuraba nada en los registros, se lo remite a Migraciones y se lo expulsa del país”, explicó.
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La jueza Silvana Luraghi presentó los oficios —referentes a la tercera condena— que fueron remitidos, los cuales cuentan con los sellos de mesa de entrada de la Comandancia de la Policía Nacional y la Penitenciaría de Tacumbú.
La magistrada señaló —en conversación con Telefuturo— que las notificaciones también fueron remitidas por el Tribunal de Sentencia una vez que se emitió la tercera condena. Según la jueza, tanto la Policía, Migraciones y la Penitenciaría Nacional recibieron las documentaciones.
¿En qué se falló?
El ministro de Justicia, Daniel Benítez, confirmó que desde Tacumbú le aseguraron que no tenían disponible el tercer oficio al que se hace mención. No obstante, ocho funcionarios del reclusorio fueron separados de sus cargos.
Para el ministro de Justicia es difícil hablar sobre algún tipo de coimas, ya que el recluso es una persona que no cuenta con la capacidad económica para ofrecer dádivas a los funcionarios. “No estaba vinculado a alguna acción criminal”, sostuvo.
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“Yo creo que fue un error humano involuntario. Alguien no cargó el oficio o se traspapeló. Esto es algo que no pasa todos los días. También debo reconocer que necesitamos actualizar todo lo que es nuestro sistema informático en el Ministerio de Justicia”, indicó el funcionario estatal.
Pedido de extradición
Tras el grosero error del Sistema Penitenciario y de Justicia del país, el ministro de Justicia adelantó que se solicitará que Luis Héctor Morínigo Cantero, quien estaría aún en Argentina, sea detenido y extraditado a Paraguay para el cumplimiento total de su condena.
Al respecto, la jueza Silvana Luraghi confirmó que hay intención de solicitar la extradición del hombre, pero que todavía no se puede proceder con el pedido, porque aún no cuenta con el oficio de la Dirección Nacional de Migraciones, que debe certificar la expulsión de Morínigo del territorio nacional el 14 de abril pasado.
El Ministerio de Justicia abrió un sumario administrativo y apartó de sus cargos a ocho funcionarios del área de Judiciales de Tacumbú, entre ellos, al jefe del sector, Héctor Franco Vitale.
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Las autoridades esperarán los resultados de los sumarios e intervenciones para tomar más medidas respecto al supuesto error que permitió la liberación del violador serial.
El 24 de marzo pasado fue la última vez que el recluso en cuestión se presentó ante la jueza Silvana Luraghi para una audiencia por un tema de redención, que se volvía a llevar adelante, porque la primera vez fue rechazada.
El mismo fue acusado por una serie de violaciones a mujeres en la ciudad de Itá, del Departamento Central, y su captura se produjo en 2010. Contaba con un total de 30 años de condena, ya tenía 13 años cumplidos y le faltaban 17 años más.
