Resulta inaceptable que se hayan normalizado la falta de medicamentos e insumos y las dificultades para obtener un turno de consulta en el Instituto de Previsión Social; pero la muerte de un trabajador, a quien no pudieron realizarle un tratamiento por el desperfecto del angiógrafo, debió haber sido el punto de inflexión. La grave crisis del IPS debe resolverse. Los trabajadores que sostienen la institución merecen una administración transparente que cuide los intereses de los aportantes y les asegure una atención digna.
Ex autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y parlamentarios coinciden en que el mal manejo financiero y el pésimo servicio en salud, solamente podrán ser encarados si se realizan cambios estructurales.
El IPS fue creado hace más de ocho décadas y en este tiempo se convirtió en una institución fundamental para los trabajadores y trabajadoras del país: provee asistencia en casos de enfermedad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como también una jubilación al trabajador.
Lamentablemente, con los años el servicio que presta se ha ido no solo deteriorando, sino que se ha llegado a una situación de degradación que está resultando ya insostenible. Los trabajadores que sostienen la entidad con sus aportes deben recibir una buena atención en su momento de mayor vulnerabilidad. En cambio, ahora son obligados a suplicar migajas de atención o favores.
El IPS requiere un cambio estructural, lo que implica no solamente transparencia y mejorar la gestión, sino principalmente el fin de la impunidad para quienes desde hace décadas se vienen aprovechando de los recursos aportados por los trabajadores. El primer paso debe ser que el IPS deje de ser un botín político para los colorados. No caben dudas de que el Estado, a través de los sucesivos gobiernos, ha administrado muy mal la institución. En este momento, el Estado es el mayor deudor del IPS, con una deuda de USD 650 millones; sin embargo, el Estado administra la entidad.
Según el ex presidente del IPS Hugo Royg, del único gobierno no colorado en más de 80 años, “IPS es vulnerable al saqueo sistemático de algunos actores, entendiéndose actores proveedores, actores políticos que muchas veces generan empresas para vender al IPS o entendiendo la vulnerabilidad como prácticas que ofenden a la razón como precios absurdamente elevados”. Así, comparó al IPS con Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) porque “existe, pero no cumple su función”.
Frente a la situación en la que los asegurados no están recibiendo atención, Royg plantea separar el IPS en tres instituciones: salud, jubilación y accidente de trabajo. Y, sugiere la necesidad de que expertos independientes conformen el Consejo Directivo.
También coincide en la necesidad de un cambio profundo el ex gerente de Prestaciones Económicas Pedro Halley, quien opina que la solución real es un cambio profundo de la gobernanza. Al mismo tiempo, propone la iniciativa popular IPS Sin Políticos, un proyecto de ley que propone que el Consejo de Administración esté integrado mayoritariamente por representantes de los aportantes del sector privado; es decir, trabajadores, empleadores y jubilados, mientras que el Estado tendría un solo representante. El proyecto se puede encontrar en la plataforma del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y necesita más de 50.000 firmas para avanzar en el Congreso.
Tras la muerte del trabajador Braulio Vázquez, quien esperó sin respuesta un procedimiento por la falta de angiógrafo, la Superintendencia de Salud abrió una auditoría para determinar responsabilidades; a diario se reproducen quejas, denuncias y reclamos por la falta de medicamentos para la hipertensión y la diabetes, así como por la necesidad de adquirir insumos para las cirugías.
Mientras tanto llegan las reformas estructurales, es urgente que el IPS deje de ser la caja chica de los politiqueros y sus parásitos.
Se tiene, por tanto, que terminar la impunidad de quienes por décadas se han aprovechado del sacrificio de los trabajadores paraguayos, y que con un cambio estructural se priorice por fin a los asegurados, para que reciban una atención digna en su salud.
