Paraguay ha dado un paso trascendental en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con la promulgación de la Ley Nº 7549/25, que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos para combatir la pornografía infantil y los hechos punibles conexos. Esta norma representa un avance decisivo en la lucha contra uno de los delitos más graves y lesivos para la dignidad humana en el entorno digital.
El proyecto original, elaborado y presentado por el diputado nacional Rodrigo Blanco (quien se ha destacado en la presentación de importantes proyectos para diversas áreas de la vida nacional), demuestra una profunda comprensión de los desafíos tecnológicos y jurídicos que plantea la criminalidad en internet. Su enfoque equilibra el deber del Estado de perseguir el delito con la necesidad de preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la privacidad y la protección de los datos personales. En este sentido, el trabajo del proyectista merece un reconocimiento especial por haber traducido una problemática compleja en un instrumento legal claro, moderno y eficaz.
Asimismo, es justo destacar el rol del Congreso Nacional, que con madurez institucional comprendió la urgencia de contar con una herramienta jurídica capaz de fortalecer la capacidad investigativa del Ministerio Público y el Poder Judicial, al tiempo de garantizar controles y límites precisos para evitar abusos. La sanción de esta ley evidencia la voluntad política de ambas cámaras de colocar a la niñez y la adolescencia en el centro de las políticas públicas.
El Poder Ejecutivo, en la persona del presidente de la República, por su parte, al promulgar la norma, ratifica su compromiso con la protección integral de los menores de edad y con la persecución penal de los responsables de la explotación sexual infantil. Su promulgación no solo pone en marcha un nuevo marco regulatorio, sino que envía un mensaje contundente: Paraguay no será un refugio para quienes utilicen las redes para vulnerar la inocencia de los niños.
Los beneficios de esta ley son múltiples. Permitirá identificar a los responsables de la distribución y producción de material pornográfico infantil, fortalecerá las investigaciones de delitos cibernéticos y consolidará una red de cooperación entre el Estado y los prestadores de servicios de internet. Todo ello contribuirá a construir un entorno digital más seguro, en el que los niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a la información y a la comunicación sin ser víctimas de la criminalidad sexual.
En definitiva, la Ley Nº 7549/25 coloca a Paraguay en sintonía con los estándares internacionales de protección de la infancia y marca un hito en la defensa de los derechos humanos en la era tecnológica. Es una ley que honra el compromiso del país con su futuro: el bienestar y la seguridad de sus niños y adolescentes.
