El conflicto judicial-financiero entre ANDE y Clyfsa en Villarrica no es un simple litigio empresarial, sino el espejo de un modelo institucional agotado, nacido hace más de seis décadas bajo la Ley 966/1964, y sostenido sin un regulador independiente que garantice equilibrio y transparencia. Lo que hoy vemos es el choque entre una empresa concesionada por la Municipalidad que buscó prolongar la concesión más allá de lo establecido por la ley y la ANDE, proveedor y regulador al mismo tiempo, en lugar de obrar con equilibrio y justicia, diseñó tarifas que directamente conducían hacia la quiebra de la concesionaria.
La deuda reclamada por ANDE –unos 150 mil millones de guaraníes– es impagable porque nunca se trasladó al consumidor. Y la consecuencia inmediata sería la extinción traumática de Clyfsa, dejando a los ciudadanos de Villarrica en la incertidumbre.
¿Es esa la salida que merece una ciudad que durante décadas sostuvo un servicio eléctrico eficiente y cercano? ¿Y en circunstancias que Paraguay está implementando vigorosamente la prédica y medidas para atraer al inversor privado en infraestructuras?
¿Por qué una ley de transición? La propuesta de transición no es un salvavidas improvisado, sino un intento de ordenar la salida de un modelo obsoleto y abrir paso a un sistema competitivo. La clave está en tres principios:
• Condonar la deuda para evitar una quiebra injusta.
• Otorgar una concesión temporal que permita estabilidad financiera.
• Revertir la infraestructura a ANDE como compensación, asegurando que el patrimonio quede en manos públicas.
Al cabo de diez años, la nueva concesión se licitaría bajo la modalidad de subasta inversa, adjudicando al oferente que ofrezca el menor valor agregado de distribución (VAD), es decir, el ciudadano pagará menos y recibirá más. Esa es la esencia de un mercado regulado en favor del usuario.
Ejemplo internacional: El caso de Chile.
Chile enfrentó un dilema parecido en los años noventa cuando varias distribuidoras privadas acumulaban deudas y conflictos regulatorios. La solución fue una transición ordenada: Se condonaron pasivos incobrables, se establecieron tarifas claras y, al cabo de un periodo de estabilidad, se abrió la competencia mediante licitaciones públicas. El resultado fue un sistema más transparente, con subsidios focalizados y tarifas diferenciadas según región.
La lección es clara: No se trata de salvar empresas, sino de proteger al ciudadano y al servicio público. Paraguay puede aprender de esa experiencia para evitar que Villarrica quede atrapada en un vacío institucional.
Tarifa diferenciada ANDE y Clyfsa. Acostumbrados a la tradicional tarifa única nacional puede cuestionarse la diversidad tarifaria entre áreas servidas por diferentes concesionarios de distribución eléctrica. La diversidad tarifaria es natural, responde a realidades económicas y geográficas y permite subsidios focalizados. En cambio, la tarifa única paraguaya oculta un subsidio cruzado oscuro, que termina beneficiando más a los sectores pudientes que a los vulnerables.
La práctica regional: La pluralidad tarifaria es la norma y transparencia. En Argentina, los hogares se dividen en tres segmentos: Los de mayores ingresos pagan el costo pleno, mientras que los sectores medios y bajos reciben subsidios parciales. En Brasil, las tarifas varían según el origen y el mercado: La energía de Itaipú se cobra a un precio muy inferior al del mercado regulado (ACR), y cada distribuidora aplica valores distintos según región. En Uruguay, la empresa estatal UTE ofrece tarifas escalonadas y diferenciadas por horarios –más baratas en horas valle y más caras en horas punta–, además de ajustes anuales vinculados a la inflación. En Bolivia, la Autoridad de Electricidad establece precios de nodo distintos por región y aplica el programa Descuento Patria, que reduce un 25% la factura para hogares de bajo consumo.
Un aprendizaje en subsidios. Otro punto crucial es el subsidio social. Hoy, los beneficios suelen ser regresivos: Terminan favoreciendo más a quienes menos lo necesitan. La transición sería una oportunidad para diseñar subsidios focalizados, financiados por el Estado y dirigidos exclusivamente a los hogares vulnerables. Un ejercicio pedagógico para aprender a distribuir con justicia.
El rol social de Clyfsa. Clyfsa no es solo una distribuidora de energía, sino es parte del tejido comunitario de Villarrica. A través de programas como Clyfsa en tu barrio, más de 4.000 personas accedieron a atención médica y servicios gratuitos en zonas vulnerables. La empresa también ha renovado instalaciones eléctricas en escuelas públicas y sostiene actividades culturales y deportivas. Lo más significativo es que sus accionistas son ciudadanos de Villarrica, lo que asegura que las ganancias se reinvierten en la ciudad. Este carácter comunitario refuerza la necesidad de una transición ordenada: Extinguir abruptamente a Clyfsa no solo afectaría un servicio eficiente, sino también un conjunto de prestaciones sociales que benefician directamente a la población.
Conclusión. Villarrica no merece ser rehén de un conflicto institucional. La ANDE, con severo constreñimiento financiero, merece compensación por la energía vendida. La salida debe ser negociada, ordenada y con visión de futuro. La ley de transición no es solo un mecanismo jurídico, sino también una apuesta por la seguridad energética, la justicia tarifaria y el respeto al ciudadano. Porque, en última instancia, la electricidad no es un privilegio de empresas ni de municipios, es un derecho de las personas.
