Transcurre el tiempo y cada día que pasa aparecen nuevas víctimas de la mafia de los pagarés. Una de las últimas noticias ha sido el caso de una familia que perdió su vivienda por una deuda de G. 15 millones, pero lo adeudado representa apenas el 1% del valor de la casa. Urge que nuestro sistema de Justicia ofrezca respuestas más eficientes a las personas perjudicadas.
El caso conocido como mafia de pagarés sigue concitando la atención y sobre todo la preocupación ciudadana pues, en los últimos dos años, desde que se hiciera público el caso no dejan de aparecer nuevas modalidades de estafa.
Desde entonces, las denuncias han develado la lentitud y parsimonia de nuestro sistema de Justicia cuando de dar respuesta a las víctimas se trata.
El esquema, lamentablemente, funciona como un engranaje bien organizado: estudios jurídicos compran pagarés no retirados por clientes que ya pagaron sus cuentas, de empresas de electrodomésticos y otras similares y les descuentan automáticamente de sus salarios por vía judicial, este sería el esquema básico. Este esquema requiere la complicidad de funcionarios, como se ha visto, que forman parte tanto del sistema de Justicia como, en este caso, del esquema que estafa.
Muy recientemente, parlamentarios miembros de la Comisión Especial del Senado se habían reunido con víctimas de este esquema en Ciudad del Este. En el Este los legisladores identificaron nuevos tipos de estafa, diferentes a los ya conocidos. Uno de estos casos involucraba a una firma agrícola que, pese a haber cerrado, se presume vendió pagarés por cerca USD 200 millones; los afectados denunciaron que incluso los documentos se encuentran en poder de una financiera norteamericana que ni está inscripta ni tributa en Paraguay. Se presume que los productores firmaban pagarés como garantía de líneas de crédito y, pese a cancelar sus obligaciones, esos documentos no eran devueltos y terminaban siendo negociados con entidades financieras.
Según publicó este diario, una familia ha quedado prácticamente atrapada en el sistema Informconf por una deuda que no era de ella. La supuesta deuda de G. 150.000 trepó a G. 4 millones en solo dos años, tiene graves consecuencias para Sergio Daniel Ruiz Díaz y su esposa, quienes están imposibilitados de acceder a un crédito y continuar con su vida laboral. Lo peor de la sorpresa llegó cuando la pareja supo que estaban en Informconf (Equifax SA), por una deuda que nunca fue suya y que luego al intentar pagarla le dijeron que debían abonar casi 3.000% más de lo que les aparecía.
La Coordinadora de Víctimas denunció hace poco que este esquema criminal sigue creciendo en forma dramática para las víctimas, y que ya no solo está afectando los salarios y pensiones, sino que también les están “despojando de tierras, viviendas y locales comerciales a comunidades campesinas, emprendedores y pequeños empresarios”. De acuerdo con la denuncia, se ejecutan subastas y desalojos en “juicios secretos”, lo que deja a las familias productoras “en absoluta indefensión”.
Como ya había explicado el abogado Jorge Rolón Luna, quien realizó la denuncia pública sobre la mafia de pagarés, los casos de estafa, al final, tienen algo en común, y es que supuestamente hacen la notificación al deudor, pero llamativamente la persona nunca está cuando se la notifica, con lo que hace que se acumule el interés, y genera una mora artificial.
El abogado había relatado a ÚH que todo comenzó tras ayudar a una amiga, y darse cuenta de que había un esquema detrás; en ese caso, la madre jubilada tenía embargos, pero había sufrido un accidente cerebrovascular y no podía firmar desde hace años, pero se fraguaron pagarés, notificaciones y hasta testigos.
Rolón Luna decía que las empresas de cobranzas, “casas de créditos, estudios jurídicos y abogados sabían lo que estaban haciendo y el alcance del esquema de estafa masiva”. Por tanto, son enormes la responsabilidad y el desafío para nuestro sistema de Justicia.
Frente a tantas arbitrariedades, no es admisible que se permita el triunfo de la impunidad. Nuestro sistema de Justicia debe estar del lado de las personas afectadas y, sobre todo, asumir su cuota de responsabilidad, porque las víctimas no son un número de expediente o una anécdota más; son compatriotas que merecen justicia y reparación. Así como tampoco se debe permitir que los victimarios, los estafadores, sean funcionarios corruptos, abogados o empresas, queden sin castigo y sin pagar todo el daño que han causado.
