La ciudadanía asiste impávida y sorprendida al enfrentarse con evidencias tan notorias de la podredumbre que se ha extendido en las instituciones del Estado. Cuando el juez Osmar Legal comienza a revelar detalles de datos extraídos del celular del fallecido diputado colorado Eulalio Lalo Gomes, abrió la caja de Pandora y lo que está saliendo de ahí, sin duda, representa el mal, encarnado en las acciones y decisiones de funcionarios públicos.
Resulta imposible negar las evidencias: la presunta corrupción pública involucra a un diputado colorado, Lalo Gomes, quien fue muerto en un operativo policial horas después de haber sido imputado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico y supuestos vínculos con narcotraficantes. E involucra a otro diputado colorado, Orlando Arévalo, poseedor de un cuestionado título de abogado y que llegó a ser nada más y nada menos que titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el que, según la Constitución Nacional, debe enjuiciar a los magistrados y remover de los cargos por mal desempeño de funciones; vale decir, es un órgano que ejerce el control de la idoneidad de los magistrados judiciales.
La caja de Pandora reveló chats que indican que el diputado Gomes, imputado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, intervenía para destrabar casos o para apelar en favor de juezas cuando eran investigadas por el mal desempeño de sus funciones. Las conversaciones involucran al diputado fallecido, y al diputado, ex titular del JEM, a jueces y fiscales.
Como bien señalara la diputada Rocío Vallejo sobre los chats de Lalo Gomes, “atentan contra la seguridad jurídica”. Va todavía más adelante cuando afirma que la seguridad jurídica del país fue copada por el crimen organizado, poniendo incluso en peligro la estabilidad del Estado de derecho. Porque ciertamente los mensajes revelan que las mafias tienen el inadmisible control para la designación o destitución de jueces y fiscales.
Desde su propia experiencia, la legisladora, quien antes de ingresar a la política se desempeñó como fiscala, asegura que se han agravado las presiones sobre jueces y fiscales. “El crimen organizado decide qué juez se va y qué fiscal se queda. Fui fiscal y no se llegaba a estos niveles”.
Es fundamental seguir conociendo el contenido de la investigación porque, como bien dice la máxima, solo la verdad nos hará libres. Lo que está aconteciendo supone asimismo una prueba de fuego para nuestras instituciones. Recordemos que hace apenas unos meses el país obtuvo la calificación de grado de inversión por parte de Moody’s, basada en una combinación de factores observados a lo largo de varios gobiernos, entre ellos un crecimiento económico robusto, una mayor resiliencia y diversificación económica, así como la implementación de una agenda de reformas para mejorar la fortaleza institucional y la gobernanza.
¿Qué seguridad jurídica tiene hoy el ciudadano paraguayo cuando el crimen organizado se infiltra en el sistema de Justicia? ¿Qué inversor arriesgará su capital en un país en el que personas sospechadas de colaborar con el crimen organizado inciden en las decisiones de las instituciones del Estado? Estas preguntas deberían ser la principal motivación para que no se permita que este escándalo quede impune.
