En los últimos años, cooperativas relativamente importantes por su capital y por la cantidad de socios han mostrado graves situaciones de insolvencia relacionadas con una administración fraudulenta que a su vez se vincula a la injerencia política-partidaria.
En algunas de estas cooperativas, presidentes y miembros de las juntas directivas eran militantes, dirigentes o incluso parlamentarios involucrados grandes montos de créditos, donde los principales beneficiarios eran los propios directivos, sus empresas o sus aliados políticos. El problema surgió cuando estos créditos no fueron debidamente devueltos y se produjo una crisis financiera perjudicando al resto de los socios.
Además de los intereses individuales, algunas cooperativas se utilizaron y continúan utilizándose como herramienta política. La promesa de un crédito blando o un puesto de trabajo en el marco de prácticas clientelares-partidistas corroen principios cooperativos fundamentales.
El Incoop, como órgano de control, no fue inmune a esta dinámica. Una supervisión laxa o complaciente con las cooperativas dirigidas por aliados políticos promovió el avance de los problemas que culminaron con crisis financieras. Las denuncias y señales de alarma fueron ignoradas por razones políticas, posponiendo intervenciones necesarias hasta que la quiebra fue inevitable. Esto explica por qué las intervenciones del Incoop se dieron, en muchos casos, de forma tardía, cuando el problema ya era sistémico e insostenible.
La sensación de impunidad que existe en el país en otros ámbitos ya está instalada en el sector cooperativo, poniendo en riesgo esta importante institución social y económica.
La crisis de las cooperativas es una manifestación de una crisis mayor que es la de la gobernanza y los problemas de regulación, de conflictos de interés y de partidización.
Por otro lado, dada la complejidad de las finanzas actuales, la profundización de la crisis climática y la volatilidad de las economías globales, generan mayor incertidumbre y situaciones difíciles de controlar. Esto debería incentivar la discusión sobre una mayor protección a los fondos de los socios a través de mecanismos seguros y confiables.
La situación actual de muchas cooperativas y de las que ya se cerraron tuvo como antecedentes la violación directa a por lo menos dos principios cooperativos: Control democrático de los miembros y autonomía e independencia. De manera indirecta involucra a otros dos principios: Educación, formación e información y preocupación por la comunidad.
Varias cooperativas en Paraguay son el espejo que refleja males mayores: La impunidad, la corrupción y la fragilidad institucional. Su superación requiere un esfuerzo concertado del Estado, los líderes cooperativos honestos, y los propios socios. El objetivo debe ser rescatar la esencia solidaria del modelo, limpiarla de las malas prácticas y frenar futuros problemas o la transmisión de los mismos problemas a otras.
El colectivo cooperativo debe debatir, plantear propuestas de reformas y negociar los cambios que garanticen la fortaleza de importante institución como pilar de la inclusión financiera, el desarrollo comunitario y la economía solidaria
