Un grupo tipo comando, integrado presuntamente por paraguayos y brasileños, sería responsable del más reciente asalto a entidades financieras. El ataque en el que se usaron explosivos llega cuatro meses después de un decreto presidencial que dispone el despliegue de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en la Región Oriental del país.
A fines del mes de febrero de este año, el presidente Santiago Peña, había firmado el Decreto Nº 5554, que disponía el despliegue de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en la Región Oriental del país.
Apenas unos días después los pobladores de Naranjal, una ciudad en el Departamento de Alto Paraná, eran testigos del ataque de un grupo tipo comando que hizo explotar una sucursal bancaria, el banco quedó con un 90% de su estructura dañada.
Un año antes, en la misma zona se había producido otro ataque y con características muy similares; los atacantes utilizaron armas largas y explosivos para llevarse el dinero de la bóveda en apenas cinco minutos. El botín de aquel asalto fue de G. 2.800 millones en billetes de varias denominaciones, entre dólares y reales.
En su formulación explicaban que el decreto respondía a la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del Estado frente a las amenazas que representan los grupos vinculados al crimen organizado transnacional y al terrorismo que atentan contra la seguridad, el orden público y la paz social. Por eso el decreto autorizaba al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) a ejecutar las acciones estratégicas y tácticas necesarias, en coordinación con las fuerzas de seguridad para enfrentar de manera frontal, articulada y eficaz dichas amenazas.
“Con esta disposición, el Gobierno del Paraguay reafirma su determinación de combatir con firmeza a las estructuras criminales que operan en el país, fortaleciendo la presencia del Estado en las zonas afectadas y promoviendo un entorno de seguridad que permita el desarrollo, la convivencia pacífica y el bienestar de la ciudadanía”, señalaba el comunicado oficial.
El más reciente asalto, ejecutado por un grupo tipo comando, integrado por más de 20 delincuentes, que atacó con explosivos cuatro entidades financieras en la ciudad de Santa Rita, en el Alto Paraná, es la muestra más evidente que el grave problema de la presencia del crimen organizado en el país no se resuelve con decretos.
Los recientes hechos han dejado en evidencia a las instituciones de seguridad del Estado paraguayo. Es hora de asumir que esta es una problemática compleja; recordemos el operativo A Ultranza Py hace cuatro años, cuando la sociedad paraguaya se dio de bruces con una realidad que estaba a la vista, pero que no era del todo asumida: Los alcances del poder del narco y del crimen organizado, y los graves niveles de infiltración en las instituciones del Estado, aprovechando la debilidad.
Para detener el avance del narco y del crimen organizado las instituciones del Estado precisan manejar datos, pero también necesitan del aporte de los estudiosos del tema. Una investigación de 2022, Narcotráfico, posibles escenarios en el futuro cercano, del sociólogo Carlos Aníbal Peris había abierto una línea de investigación que planteaba diversos escenarios para el país, si seguía evolucionando el negocio ilícito del narcotráfico. Uno de estos escenarios mostraba una mayor expansión territorial de las acciones de narcotraficantes; si antes los eventos ligados a este negocio se daban en lugares muy específicos de la geografía nacional, principalmente en la parte de la frontera seca entre Paraguay y Brasil, cada vez será más común ajustes de cuenta, incautaciones, o disputas entre las bandas en otras zonas.
El sociólogo ya advertía sobre la pérdida de territorios, explicando que en varios países se ha dado que zonas completas se hallaron fuera del dominio de la fuerza legal constituida, es decir del Estado.
Resulta inadmisible que se sigan sucediendo este tipo de ataques, con millonarios robos cometidos por ejércitos de asaltantes, fuertemente armados y hábiles en la manipulación de explosivos. El Paraguay no debe resignarse a que estos hechos se vuelvan una costumbre.
Asimismo, falta de parte de nuestras autoridades mayor contundencia en el combate de la corrupción y la filtración del crimen organizado en las instituciones, ya que esto tiene consecuencias nefastas para todos y, particularmente, para el sistema democrático.
