29 mar. 2024

Ulises y Cucho, o el prototipo del mapa delictivo

El diputado de Alto Paraná Ulises Quintana está preso en Viñas Cué, ese parque sin barrotes destinado a los reos militares, que también alberga al ex fiscal general Javier Díaz Verón.

Fueron infructuosos los intentos de su ejército de abogados para evitar la cárcel, tras el espectacular operativo Berilo que capturó al narcotraficante Javier Cabaña, alias Cucho, y a otras 30 personas. Ni siquiera su agónica defensa política señalando a la fiscala general, Sandra Quiñónez, a la que acusó de cumplir las órdenes de su patrón (Horacio Cartes), le sirvieron para evitar el encierro.

El juez Ayala Brun no tuvo otra alternativa tras escuchar las argumentaciones del fiscal Ysaac Ferreira, quien ratificó la conexión entre ambos protagonistas dejando en claro que el político colorado le daba protección a la estructura narco. La prueba de oro es la llamada telefónica del diputado para liberar los 190.000 dólares de su amigo y benefactor interceptados en una comisaría de la ruta 2 que por obra y gracia de la intervención política se redujo a 19.000 dólares, tras el oportuno pago de coimas a toda la comisaría.

Para la salud institucional, lo del diputado es mucho más grave que el delito del narco, quien a fin de cuentas es un delincuente cuya misión es operar al margen de la ley. Un legislador que trabaja para la mafia de cualquier índole es un traidor de la democracia.

EL MAPA. El caso Cucho/Ulises no es sino la confirmación de un viejo esquema que funciona en el país: el de la protección de las altas esferas del poder al negocio ilícito. Es el punto donde convergen las complicidades institucionales para el fructífero negocio del narcotráfico o de otras ramas de la delincuencia organizada: contrabando, lavado de dinero, tráfico de influencia y toda la variopinta gama de delitos que se cometen a la luz del día gracias a los padrinazgos poderosos.

El delincuente es el jefe y el resto obedece. Así, el capo narco aparece en la punta de la pirámide, pero para que la red funcione perfectamente debe tener la complicidad de policías, fiscales, jueces y políticos.

Cayó Cucho, pero hay cientos como él que siguen operando impunemente gracias a esa telaraña que interconecta la protección en todos los niveles: desde el político más encumbrado, hasta el suboficial de menor rango que solo obedece cuando suena el teléfono.

Este caso es el botón de muestra. La detención de Cabaña generó un efecto dominó y aparte de llevarse consigo a su amigo político, también hay un fiscal imputado, agentes fiscales que operaban como secretarios, un comisario, policías, y, por supuesto, humildes seguidores que lo veneran porque fueron tocados por su benevolencia. A ninguno le importó que el dinero que generosamente recibían esté manchado de sangre o marcado por el sufrimiento de miles de adictos, cuyo vicio no hace sino acrecentar su fortuna.

MALA FAMA. Paraguay tiene fama internacional en esta materia. No precisamente por su combate, sino por su debilidad institucional y corrupción que permiten la febril actividad. Es considerado el segundo mayor productor de marihuana en el hemisferio Occidental, es tránsito de cocaína, gracias a la vulnerabilidad de las fronteras, donde hay plantaciones, pistas clandestinas de aterrizaje y enormes vías navegables libres; y, por supuesto, autoridades siempre dispuestas a colaborar con el ilícito gracias a las coimas.

El contrabando es otro de los flagelos y funciona con similar estructura. Solo para agregar un dato: por el Puente de la Amistad, allí donde es imposible escapar a los controles, pasan mensualmente miles de kilos de pollo de contrabando, bajo la protección de la Aduana, la Marina y la complaciente mirada de las autoridades políticas que no se atreven a combatir el delito porque afecta sus negocios o su base política. Según Avipar, ingresan desde el Brasil 2 millones de kilos por mes, sin ningún control sanitario.

Por ello, se considera al país un centro de lavado de dinero con recursos provenientes del narcotráfico, contrabando de cigarrillos y otras actividades ilícitas a través de entidades financieras no bancarias, es decir, principalmente a través de casas de cambio, situadas en Ciudad del Este y otras ciudades fronterizas.

La nación está en estado de emergencia, no solo por las carencias en todas las áreas, sino por la crisis ética que contaminó todo el sistema institucional.

Mario Abdo ha cometido demasiados errores políticos en estos escasos días en el gobierno, reciclando escombros, repitiendo viejos libretos que no auguran un país mejor, pero en materia de lucha contra el narcotráfico ha dado pasos importantes, incluso, metiendo preso a uno de los suyos.

Por lo menos en esa área está dando mensajes claros. Que el caso Quintana sea el inicio del saneamiento para frenar la narcopolítica, un flagelo que si llega a apoderarse totalmente del país, no habrá manera de frenar la destrucción total de la República.

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