01 sept 2026

Filizzola exige a la Fiscalía investigar presunta estructura de desinformación del Gobierno

El legislador cuestionó al presidente Santiago Peña por minimizar el rol de quién habría coordinado operaciones digitales de desinformación y reclamó una investigación sobre el origen de los fondos utilizados.

Rafael Filizzola

El senador Rafael Filizzola en el Congreso.

Foto: Gentileza

El senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Rafael Filizzola se pronunció sobre las denuncias de una presunta estructura de desinformación o campaña sucia atribuida al Gobierno, que habría operado a través de plataformas digitales y que, según las revelaciones conocidas en las últimas semanas, habría movilizado importantes recursos económicos.

A través de sus redes sociales, el legislador opositor cuestionó directamente al presidente Santiago Peña y puso en duda la versión oficial que buscó minimizar el alcance del esquema denunciado.

"¿Santiago Peña seguirá sosteniendo que quien coordinaba las operaciones digitales de desinformación era simplemente un militante?”, preguntó Filizzola, con referencia a las explicaciones brindadas por el mandatario sobre las personas vinculadas a las campañas digitales que generaron polémica.

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El parlamentario sostuvo que en cualquier democracia con instituciones sólidas ya se habrían producido consecuencias políticas ante la gravedad de los hechos denunciados.

“En cualquier democracia seria, estos hechos ya habrían generado responsabilidades políticas como mínimo, con cambios en el Mitic”, afirmó con relación a la supuesta participación que tuvo la cartera de Tecnología, liderada por el ministro Gustavo Villate.

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Filizzola consideró además que uno de los aspectos más preocupantes es la ausencia de una investigación fiscal para determinar el origen de los recursos utilizados en las operaciones digitales.

“Y lo más grave, que no veo a la Fiscalía investigando si esto se financió con fondos públicos desviados o con dinero sucio. Son casi medio millón de dólares”, señaló.

Sus declaraciones se dieron en medio de la controversia generada por informes y publicaciones que apuntan a la existencia de una estructura dedicada a la difusión de contenidos políticos y campañas de desinformación en redes sociales, un caso que ha provocado cuestionamientos desde sectores de la oposición sobre un eventual uso indebido de recursos estatales.

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