En rueda de prensa, Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores, confirmó que el oficialismo “retrocederá” y aceptará el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que buscaba excluir a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná (administradas por los cartistas Liz Meza y Landy Torres, respectivamente).
“Hubo reuniones con el Consejo de Gobernadores. Hay un análisis previo de Diputados, por lo que se votaría por mantener el sistema de Hambre Cero así como está actualmente y seguir evaluando a esas dos gobernaciones. Inicialmente sí (retrocederíamos) de la postura inicial tomada en el Senado”, adelantó.
Aseveró que la aceptación del rechazo se basa en que la Contraloría ya inició un análisis sobre el tema y aguardarán los resultados.
“La medida que se tomó en el Senado ya tuvo su efecto; la Contraloría ya realizó su análisis correspondiente y es esa institución a la que le corresponde el análisis. Es un proyecto presentado por Silvio Ovelar y su preocupación será atendida por el análisis de la CGR. Cuando terminen (el proceso de revisión a los bienes de los gobernadores), el dictamen de la Contraloría será la herramienta más importante”, comentó.
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Circuito parlamentario
El pasado 4 de marzo, durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, a petición del senador Silvio Ovelar, el pleno aprobó sobre tablas el proyecto de ley “Que modifica el artículo 9° de la Ley N° 7264/24, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), y sus modificatorias”.
La iniciativa planteó que la administración de los fondos del programa Hambre Cero, destinados a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná, se centralice a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
Un mes después, el 7 de abril, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto, por lo que quedaba por definir si el Senado se mantenía en su postura (se necesitan 23 votos) o aceptaba el rechazo de la Cámara Baja. El proyecto se encuentra en el punto 4 del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria de este martes, y según Chase, el rechazo de Diputados sería aceptado.
Segundo proyecto
En cuanto al proyecto de ley que busca transferir los recursos de gobernaciones de Hambre Cero a las municipalidades, presentado por el senador colorado Colym Soroka, correrá la misma suerte, es decir, también sería rechazado, según adelantó Chase.
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“El segundo proyecto de transferir Hambre Cero a los municipios ya habíamos hablado de la postura que tiene la bancada. Vamos a mantener como se maneja hoy el Ejecutivo con las gobernaciones. Lo que pasa es que a nosotros no nos toca analizar si hay o no hay desvíos (si hay confianza en los gobernadores), podemos tener dudas personales o puede haber versiones, pero son otras entidades, como la CGR y la Auditoría del Poder Ejecutivo, son los que deben hacer los análisis correspondientes”, sentenció Chase.
El segundo proyecto se encuentra en el punto 4.1 del orden del día de la sesión extraordinaria de este martes y se denomina “Que modifica los artículos 4°, 5° incisos c, e y f, 7°, 8° y 9° de la Ley 7294/24 ‘Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo)”. Además de Soroka, los otros proyectistas son Óscar Salomón, José Oviedo, Carlos Núñez, Noelia Cabrera, Luis Pettengill, Mario Varela y Enrique Salyn Buzarquis.
DDJJ de Peña
Sobre el examen de correspondencia que la Contraloría realizó sobre los bienes de Santiago Peña y que dieron como resultado que no existen irregularidades, Chase afirmó que no tienen ninguna duda y que con el trabajo de la Contraloría ya se trata de “un capítulo cerrado”.
“El trabajo de la CGR está terminado, tampoco hicimos análisis de ese informe porque no nos corresponde hacerlo. Existen los otros campos donde pueden ser hechos los reclamos si hay sectores que tienen dudas, para nosotros es un capítulo cerrado. Nosotros no tenemos ninguna duda. El reclamo que vemos en la prensa de G. 9.000 millones es cuando no era un funcionario público, entonces no puede hacerlo la Contraloría. No queremos inmiscuirnos en el trabajo de la Fiscalía, yo creo que tienen que hacer su trabajo como corresponde”, concluyó.
