Una comitiva fiscal-policial allanó una casa quinta en la ciudad de Minga Guazú, que –se presume– era utilizada para mantener a mujeres mientras tramitan sus papeles para ser enviadas a Francia, con la finalidad de explotarlas sexualmente.
El Ministerio Público cuenta con información de que las mujeres incluso eran captadas desde otras ciudades del interior y Central y desde allí eran enviadas a Europa. En la propiedad no residía nadie y estaba vacía.
Tras un trabajo de inteligencia y haberse hecho pasar como personas interesadas en alquilar el lugar, lograron dar con una mujer (25), que sería propietaria o encargada del lugar, que también utilizaban supuestamente para fiestas. De su poder incautaron celulares.
La fiscala Vivian Coronel explicó que se maneja información de que allí albergaban a chicas del interior. Se sospecha que las estarían enviado a París y que la mujer encargada tenía un aplicativo donde maneja tarifas, ya sea en euros o en otra moneda, de cuánto cuesta el trabajo allá por hora.
Los hechos que se están investigando son rufianería y trata internacional de personas, con fines de explotación sexual infantil.
La fiscala confirmó que la investigación se centra en una aparente “red importante de trata de personas que opera”.
Esto recién inicia, precisó la fiscala, y comparó la investigación con una caja de pandora.
Afirmó que, si bien algunos mencionaron que las mujeres iban a sabiendas del trabajo, eso no exime de responsabilidad a las personas que las captaban, ya que estas se aprovechan de esa explotación sexual.
