Luego de que el Ministerio Público imputara al defensor del pueblo, Rafael Ávila, por supuesto desacato ya que no habría repuesto en el cargo a una funcionaria, desde la Defensoría explican que en tres ocasiones informaron al Ministerio Público de que sí lo hicieron.
La funcionaria Nidia Pintos Benítez, directora de Atención a Personas Privadas de Libertad, fue cesada en el cargo el 22 de abril del 2024 “luego de que se constatara mediante un sumario administrativo el incumplimiento de resoluciones internas de la Defensoría del Pueblo”, detallaron.
A través de un comunicado, informaron de hechos como usurpación de funciones ajenas a su cargo y presentación de documentos adulterados (certificados médicos), y que pese a que se le otorgó el derecho a la defensa, no respondió.
Finalmente, el 19 de junio del 2024, el Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo Primera Sala, a través de una resolución, ordenó la inmediata reposición de Pintos Benítez en el cargo mientras el proceso se tramitaba.
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Repuesta en el cargo y segundo sumario
“El 1 de octubre del 2024, la Defensoría del Pueblo dio curso a la resolución 397 reponiendo en el cargo con todos los beneficios a la abogada Nidia Pintos, quien hoy cuenta con la suspensión sin goce de sueldo por 30 días (del 1 al 30 de mayo) tras un segundo sumario”, dice el comunicado.
Este segundo sumario se le abrió debido a que una vez que recuperó el cargo, “no marcó asistencia del 2 de enero al 6 de febrero del 2025 ni justificó sus ausencias”.
La Defensoría del Pueblo hizo pública la nota por la cual informó de esto al Ministerio Público. De hecho, explicaron que el 13 de noviembre de 2024, así como el 6 de febrero y el 2 de mayo del 2025, respondieron los oficios de la fiscala Mercedes Vera.
Del por qué repusieron a la funcionaria recién en octubre, precisaron que “la Dirección de Atención a Personas Privadas de Libertad es un cargo de confianza. Desde la determinación del sumario ocupó el cargo un director interino que tuvo que ordenar la dependencia. Esta labor se extendió hasta el 30 de setiembre del 2024".
La imputación contra el defensor ya fue recibida por la jueza Rossana Carvallo, quien remitió a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero realizado por la Fiscalía.
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