Lucio Romero era capataz de una estancia en Mbuyapey, en Paraguarí, que –de acuerdo con los lugareños– pertenece al diputado Tomás Rivas y cobraba mensualmente en la Cámara Baja un salario de G. 2 millones. Reinaldo Chaparro figuraba en la nómina de funcionarios de Diputados, donde ingresó como contratado en 2013, percibía un salario mensual de G. 2 millones, pero cumplía labores en una residencia de la familia del diputado. Nery Franco, por su parte, figuraba como funcionario de la Cámara de Diputados desde octubre del 2016, con un salario mensual de G. 3 millones, y trabajaba a tiempo completo en el comercio familiar en Ybycuí.
A partir de la investigación se hizo conocido el caso como “caseros de oro” y por fin, en 2021, los acusados fueron condenados a dos años de cárcel con la suspensión a prueba de la ejecución de la pena; vale decir que los tres fueron hallados culpables por cobro indebido de honorarios, pero no fueron a prisión.
Después de siete años, nuestra Justicia, que responde exactamente a la descripción que hacía monseñor Arnulfo Romero, el santo de El Salvador, “La justicia es igual a las serpientes. Sólo muerden a los que están descalzos”. Por eso, el ex diputado colorado cartista Tomás Rivas fue sobreseído definitivamente por segunda vez en el caso de los caseros de oro.
En un primer juicio, Rivas había sido sobreseído por un Tribunal por la reparación del daño causado; sin embargo, posteriormente se anuló esta sentencia y se ordenó un nuevo juzgamiento.
Ahora, el Tribunal de Sentencia, a cargo de los jueces Laura Ocampos, Darío Báez y Fabián Weisensee, dispuso el sobreseimiento definitivo por el hecho punible de estafa; esto no significa una absolución propiamente dicha, ya que el legislador ni siquiera fue juzgado. Esto mismo sucedió en el primer juicio que se había intentado realizar en 2021; esa vez se había dado por valido un acuerdo que habían firmado Tomás Rivas y Pedro Alliana, en aquel entonces presidente de la cámara de Diputados, actualmente vicepresidente de la República. Dicho acuerdo fue por más de 121 millones de guaraníes en concepto de reintegro a diputados; Tomás Rivas también ofreció depositar al Ministerio de Educación en carácter de reparación de daño social la suma de 47 millones de guaraníes.
Sobre este caso ameritan dos puntualizaciones. Primera, los caseros fueron condenados, el diputado que les pagaba con dinero público para que trabajaran para él en su casa y estancia, no. Segunda, si una persona es inocente, ¿por qué buscaría resarcir monetariamente?
La Justicia paraguaya sigue siendo víctima de las deplorables maniobras dilatorias, de las llamadas chicanas judiciales. Pero, además de dichas dilaciones, resulta muy preocupante que el poder político y económico en el Paraguay se siga beneficiando de la lentitud y la impunidad que les regala la Justicia, que solamente se aplica con todo el rigor y fuerza de la ley a quienes carecen de recursos. Tristemente, el artículo 47 de la Constitución Nacional, que garantiza a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la Justicia, así como la igualdad ante las leyes, es letra muerta. Por eso hoy seguimos lamentando un nuevo caso de impunidad ante una estafa al Estado paraguayo.
