05 abr. 2026

Todo o nada

La discusión sobre la reforma de las cajas muestra la oscuridad, el desorden y la injusticia que reina al interior del Estado administrador de nuestros impuestos. Se abrió la caja de Pandora y emergieron parte de los problemas administrativos de una organización cuyo propósito dista mucho de lo que constitucionalmente debiera ser. Es un inmenso yuyal al punto que nadie sabe con certeza cuántos empleados tiene y menos qué deben hacer y por qué cobran mas que los del sector privado. No hay sitio donde no reine la incompetencia, el caos y la corrupción. Cada año le dicen desde afuera que el malgasto (robo) es de dos mil millones de dólares y nadie se le mueve un pelo para saber donde va ese dinero o cómo acabar con el despilfarro. Si lo hacen, claro, iría en contra de su naturaleza. Cuando surge un tema como la cuestión jubilatoria solo emerge la punta de un iceberg que esconde el desarreglo de ex profeso a ese póra (el mito sin rostro) que se llama Estado paraguayo. Pasaron apretadamente la ampulosamente llamada reforma de la Caja Fiscal. Ahora se jubilarán militares, policías y maestros mas tarde, aportarán un monto mayor y se habrán convencidos de que las promesas de Peña en campaña cuando decía que no tocarían sus cajas fueron una mentira. Que la inocencia les valga. Amenazan con que castigarán al Partido Colorado, pero muy pocos creen que sean capaces a pesar de que le han tocado fuertemente el bolsillo y el orgullo de ser parte del sector privilegiado del país. La estrategia colorada que ha funcionado como un reloj ha sido darle un poquito de ventajas a cada sector de manera tal que emerjan orgullosos de ser parte de una casta privilegiada sobre los “comunes”. Todo venía funcionando muy bien hasta que el Gobierno tuvo que comenzar a rascar la olla y los organismos financieros internacionales vieron amenazar el pago de las acreencias locales. Ahí vino el mandato de acabar con los privilegios, las injusticias y el robo de las arcas públicas. Amenazaron a los “comunes“ que si no pasaba la reforma seríamos nosotros los que debíamos continuar aportando para cubrir el déficit. Nunca dijeron porque las cajas de maestros, policías y militares nunca fueron administradas por ellos y jamás explicaron dónde colocaban los aportes para que rindieran más dividendos. Menos aún, qué hicieron con esos recursos desde 1909. Nada, nadie, nunca explicó el comportamiento del póra Estado que cuando se vio enflaquecido echó mano al miedo y las amenazas como el personaje sin rostro de la mitología guaraní.

Menos intentaron arreglar este desaguisado nacional con un régimen jubilatorio único para el sector público y privado como pasa a nivel mundial. Todos iguales con un tiempo de aporte y de retiro. Un monto que cobran de por vida que en algunos casos como España han incrementado el retiro a los 67 años, pero tienen 14 salarios en el año. No es tampoco demasiado el monto de 1.300 euros, pero es de los que más rinden en un continente donde el debate de las cajas jubilatorias ha llevado a ganar las calles y a ser reprimidos por las fuerzas policiales como aquí. Hay que ir a por todo, pero hay que hacerlo de forma seria no presentando el proyecto un 31 de diciembre para aprovechar que no hay clases ni sesión de ambas cámaras del Congreso. De vacaciones y con calor, una Comisión Permanente convocó a los afectados para la foto, pero nunca con el deseo de profundizar el análisis del tema. Jamás plantearon buscar soluciones de fondo al problema porque ese no es el objetivo. Echaron a la senadora Kathya González y aprobaron la Ley de la Superintendencia de las cajas en el mismo periodo del año. Con la canícula del verano, las vacaciones y las distracciones cometieron estos actos para irritación y enojo ciudadanos. No actuaron con buena fe ni pretendieron hacerlo. Mientras, Peña jugando con los autos de un jeque en Emiratos Árabes y el vice queriendo dar la impresión de “normalidad”.

El Estado sigue siendo un yuyal funcional a los intereses del partido gobernante. Por lo menos 200 jueces a las apurones se jubilarán antes que la nueva norma entre en vigencia. Puede ser una buena noticia para una dependencia en falta con la democracia desde 1989. Pero lo que se pasó en Diputados no alcanza a resolver el problema. El monto ganado es menos del 10% del déficit y en menos de tres años volveremos a lo mismo. Claro, ya será el siguiente Gobierno el que administre la explosión y sus costos.

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