“Esta medida constituye una grave violación a los derechos de los Pueblos Indígenas, consagrados en normas nacionales e internacionales. Lejos de fortalecer la institucionalidad pública para responder a las necesidades históricas de los Pueblos Indígenas, esta decisión representa un desmantelamiento de la política indígena del Estado paraguayo”, señalaron desde la organización Tierraviva.
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Asimismo, indicaron que “con la disolución fáctica del INDI como ente rector, se elimina toda posibilidad de desarrollar políticas públicas interculturales y participativas, reduciendo aún más la ya debilitada acción estatal, sin siquiera alcanzar un nivel básico de asistencia social”.
Entre tanto, recalcaron que este acto, impuesto de forma unilateral, contraviene de manera directa el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Paraguay, así como lo dispuesto en la Constitución Nacional y las leyes vigentes.
“Es particularmente grave la violación del artículo 29 de la Ley 904/81 ‘Estatuto de las Comunidades Indígenas’, que establece que el INDI debe tener domicilio legal en Asunción, asegurando así un acceso equitativo y centralizado a sus funciones administrativas y de representación”, expresaron.
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De igual manera, aseguraron que la ausencia de consulta previa a los pueblos afectados no solo vulnera principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos, sino también ignora las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigen la adopción de medidas efectivas para garantizar la participación y el respeto a los derechos territoriales, culturales y políticos de los pueblos indígenas.
“Además, experiencias anteriores de traslado de sede del INDI han ocasionado importantes pérdidas patrimoniales y documentales, afectando el acceso a derechos y generando obstáculos burocráticos que terminan castigando aún más a las comunidades. Por ello, exigimos que se adopten medidas urgentes para preservar y resguardar el acervo documental del Instituto, como parte del derecho a la verdad y la memoria institucional”, manifestaron.
Desde la organización reiteraron que el funcionamiento del INDI debe formar parte de una política pública integral, participativa y adecuadamente financiada, orientada al reconocimiento, protección y promoción de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, incluyendo su territorio, cultura, identidad y formas propias de organización.
“Esta decisión del Estado no solo desconoce las obligaciones jurídicas asumidas, sino que representa un nuevo paso hacia la invisibilización y marginación de los Pueblos Indígenas en Paraguay”, aseveraron.
La decisión se da luego de 15 días de manifestación sobre la avenida Artígas, en donde los indígenas reclamaron derechos básicos y exigieron la destitución del titular de la institución Juan Ramón Benegas.
El titular del INDI, Juan Ramón Benegas, indicó que la reestructuración es parte de un plan de descentralización, que busca una atención eficiente, inclusiva y equitativa.
“La directiva que recibí del presidente de la República, Santiago Peña, es que el INDI esté más cerca de las comunidades indígenas de tal forma a brindar mejor atención y es por ello que, elegimos estas zonas para instalar las oficinas”, remarcó.
