El abuso de poder, para repartir cargos y jugosos salarios en las binacionales a los compañeros, amigos y familiares de autoridades electas, continúa imparable como uno de los más deplorables vicios del oficialismo. En un reciente informe sobre contratos sin concurso en Itaipú, durante la administración de Santiago Peña, se revelan los altos salarios que perciben familiares de políticos: En la ominosa lista aparecen familiares de legisladores e intendentes, beneficiados con salarios que, en algunos casos, llegan a los G. 75 millones.
Un reporte de la 1080 AM Radio Monumental reveló los contratos sin concurso en Itaipú, durante la administración de Santiago Peña, así como los salarios de familiares de varios políticos. La lista incluye a familiares directos de legisladores e intendentes beneficiados con jugosos salarios.
En la lista que se hizo pública aparecen una hermana del senador por el PLRA Dionisio Amarilla, aliado al oficialismo; la nuera del intendente de Hernandarias, así como también la esposa del senador cartista Juan Carlos Nano Galaverna, en el cargo de “Asesora de turismo”, con un rubro de G. 68.000.000. Otra persona que figura en esta lista es un primo del senador colorado Silvio Beto Ovelar, en un cargo de “Profesional universitario sénior”, gana un salario de G. 62.579.000; y también un primo del ex intendente de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez, en el cargo de “Jefe de División” y un salario de G. 47.910.576. Finalmente, también hay un operador político, en la Superintendencia de Gestión Ambiental, con un salario de G. 75.721.000.
A esto debemos sumar el nombramiento de Fernando Ayala González como miembro del Consejo de Administración de Yacyretá, en reemplazo del fallecido Julio César Velázquez. Según los datos de la EBY, los consejeros cobran un salario de G. 60.192.590, con una bonificación de G. 48.471.295, lo que da un total de más de G. 108 millones al mes. Ayala es miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado y se mostró muy agradecido con el titular del partido oficialista, el ex presidente Horacio Cartes por su nombramiento.
Hace cinco meses, recordemos, la mayoría parlamentaria decidió dejar fuera a las binacionales de la rendición de cuentas por el uso de fondos de los gastos sociales. El pleno de la Cámara de Diputados remitió al archivo el proyecto de ley “Que establece la incorporación al Presupuesto General de la Nación de los recursos asignados por las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá a los gastos sociales”.
El proyecto estuvo sin ser estudiado desde setiembre de 2018, y pretendía incorporar el fondo denominado gastos sociales y ambientales de la Itaipú al Presupuesto General de la Nación, e incluso asignaba una partida presupuestaria para su seguimiento y control. La propuesta consistía en que el 70% fuera destinado a infraestructura eléctrica, el 10% a restauración socioambiental de las cuencas hidrográficas, y el 20% para el bienestar de adultos mayores, discapacidad, educación y salud.
Con el rechazo, por parte de la mayoría colorada cartista y sus satélites, se hacía imposible tener un mejor control sobre los millonarios fondos, ni se podría detener el despilfarro de los recursos.
Urge en el Paraguay un cambio de mentalidad. Es inaceptable que las autoridades se nieguen a incorporar mecanismos de control que aporten transparencia al uso de los fondos sociales de las entidades. Las entidades binacionales pertenecen al Estado paraguayo, no son propiedad del Partido Colorado, por eso la repartija de cargos y salarios millonarios mencionados al iniciar este editorial, demuestran la falta de ética de nuestra clase política, y revelan los valores de estas personas, que anteponen sus propios intereses por encima del bienestar del pueblo paraguayo.
Es inadmisible que la esposa de un senador colorado gane G. 68 millones, mientras los médicos del servicio público ni llegan a los G. 5 millones, lo mismo que los maestros.
Los paraguayos necesitamos una mejor representación, necesitamos autoridades y funcionarios que trabajen con transparencia, que honren su compromiso con los paraguayos, y que se recuperen la integridad y la ética en el servicio público.
