La información fue proporcionada por la Municipalidad de Asunción al equipo fiscal encabezado por Luis Piñánez, quien investiga específicamente el circuito de los bonos G6 y G7 tras una denuncia penal presentada el 28 de abril de 2025 por el abogado Enrique Wagener.
Los fondos de los bonos G6 y G7 no se depositaron en cuentas exclusivas creadas para tal fin, como sí ocurrió, por ejemplo, con los bonos G3, G4, G5 y G8, según consta en los balances municipales. Por el contrario, el dinero de ambas emisiones (la primera, G6, por G. 100.000 millones; la segunda, G7, por G. 200.000 millones) se depositó en cuentas operativas preexistentes de la Municipalidad, según informaciones y declaraciones ofrecidas a la Fiscalía.
En pleno periodo de la intervención, el director interino de Administración y Finanzas, Víctor Gamarra Popoff, había respondido que no le constaba que existieran cuentas que correspondan a dichos bonos.
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Como indican documentos a los que accedió Última Hora, el bono G6 fue acreditado el 23 de enero de 2020 en la cuenta número 390868 de un banco A. Los fondos del G7, por otro lado, fueron a parar a la cuenta de un banco B con numeración 1073824061. Esto luego de que el banco B informara, en junio de 2023, acerca de una fusión con otra entidad bancaria C. Anteriomente, el número de cuenta era distinto.
Según declaraciones de funcionarios municipales, para estos bonos no se abrieron cuentas específicas y se utilizaron por medio de cuentas operativas por “orden de la superioridad”. Esto provocó que los recursos de los bonos se mezclaran con otros fondos municipales, lo cual dificultó su trazabilidad en los balances de la Comuna.
“Se decidió que se desembolsara nomás en esa cuenta operativa que ya estaba en funcionamiento. (...) Dijeron que, por orden de la superioridad, ellos tienen la potestad de elegir en qué cuenta se va a depositar. La cuenta operativa ya estaba en funcionamiento y entonces se eligió que se desembolse el dinero, y ahí se mezcló con otros fondos porque no era específicamente para ese bono”, indicó una fuente de la investigación en contacto con este diario.
Uno de los funcionarios municipales aseguró además que solo una resolución municipal, la del bono G3, exigía la apertura de una cuenta específica con dicha denominación. “Ellos dicen que fueron instrucciones de ‘superioridad’, que ellos deciden a qué cuenta se va a depositar, que no hay una regla que diga que sí o sí se tiene que depositar en cuenta específica”.
No obstante, la mayoría de las emisiones de bonos, con excepción del G6 y G7, se canalizaron por medio de cuentas bancarias separadas.
Entre las declaraciones brindadas a la Fiscalía también se menciona que las cuentas de los bonos se utilizaron por medio de la dinámica de la Cuenta Única, herramienta con la que Nenecho justificó el aparente desvío del bono G8 (G. 360.000 millones) para pagar salarios, realizar compras a firmas fantasmas y pagar por materiales de construcción con dudoso destino, entre otros gastos irregulares.
“Hay que pagar salarios, por ejemplo, y todavía no se va a ejecutar la obra (para la que se emitió el bono), no se va a pagar todavía, entonces se saca un monto de lo que hay en esa cuenta y se paga, pero después se tiene que reponer y se tiene que asegurar que se tenga para después ejecutar la obra. Ese sería el funcionamiento de la cuenta, el concepto de Cuenta Única, se puede sacar, usar y reponer, pero hay concejales que se oponen”, indicó la fuente consultada.
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Concejales de la oposición, entre ellos Álvaro Grau y Humberto Blasco, indicaron en reiteradas ocasiones, en entrevistas y en sesiones ordinarias, que el dinero de los bonos no puede ser utilizado para otros fines puesto que la Ley Orgánica Municipal y la propia ordenanza de la Cuenta Única así lo disponen.
El equipo fiscal informó que hará un control cruzado entre los datos proporcionados por la Municipalidad y los extractos que deben ser remitidos por los bancos. De esta manera se buscará reconstruir la ruta del dinero que debía usarse, en parte, para obras en la Estación de Buses de Asunción, el Mercado 4 y el mirador de Itá Pytã Punta, lugares en donde urgen reparaciones, según manifiestan funcionarios, permisionarios y vecinos, respectivamente.
Dinero fue usado de forma “promiscua”
El informe de la intervención a la Municipalidad de Asunción, realizada entre el 24 de junio y el 22 de agosto de 2025, apunta que desde la cuenta del bono G8 se realizaron transferencias de G. 23.000 millones y G. 450 millones a la cuenta donde se depositaron los fondos del bono G7. Las transferencias, justificadas por la dinámica de la Cuenta Única, se dieron entre el 27 de junio y el 27 de diciembre de 2023.
El 27 de julio del mismo año, y por medio de la cuenta en la que se incorporó el dinero del bono, se debitaron G. 2.433 millones en concepto de pago de sueldos.
La intervención apunta entre sus conclusiones que “la irregularidad administrativa que produjo la promiscua utilización de la Cuenta Única Municipal eliminó todo tipo de control presupuestario, contable y financiero segregado de los recursos de los bonos, como lo exigen las buenas prácticas internacionales de gestión del crédito público”.
Lujosas casas se adquirieron en pandemia y año de emisión de bonos
La esposa de Nenecho Rodríguez, Lizarella Valiente, adquirió una lujosa casa en Lambaré en el año 2020, en plena pandemia de Covid-19 y en el mismo año de la emisión del bono G6. La vivienda tenía un valor de G. 860 millones y la senadora aseguró que el pago se realizó en 60 cuotas.
En teoría, Valiente debía haber pagado mensualmente la suma de G. 14 millones. Antes de ser senadora, sin embargo, la legisladora fue funcionaria en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), donde registraba un ingreso de G. 8 millones.
Valiente recién asumió una banca en el Congreso en las elecciones generales de 2023.
Del mismo modo, el ex jefe de gabinete de Nenecho, Wilfrido Cáceres, ostentó una lujosa casa en San Lorenzo, que fue construida en el 2020, según reveló el fiscal Silvio Corbeta. Tras una tasación ordenada por la Fiscalía, se determinó que la construcción costó G. 4.700 millones. Se presume además que Cáceres adquirió otra propiedad en Ñemby por G. 168 millones; además de vehículos por valor de USD 71.000.
Recientemente, el juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa contra Wilfrido por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Bono G6 debía financiar 10 plazas
El plan de inversión de los bonos G6 destinaba G. 10.000 millones para la construcción de infraestructura para 10 plazas públicas. La Junta Municipal había aprobado en aquel entonces (también en febrero de 2020) una redistribución del plan de inversión de dichos bonos.
Se eliminó de este modo el dinero asignado a la revitalización de plazas y se amplió el presupuesto para las obras viales. En dicho periodo, Nenecho ya había reemplazado a Mario Ferreiro como intendente interino. Justamente, Wilfrido Cáceres había explicado a ÚH que el motivo por el cual se modificaba el plan de inversión tenía relación con los nuevos “criterios” de la administración a cargo de Nenecho.
“El plan de inversión ya fue aprobado en el periodo anterior (de Mario Ferreiro) por la Junta, pero en esta Administración tenemos otros criterios respecto a la utilización de esos recursos provenientes de la deuda pública. Por eso, más de G. 41.000 millones fueron redestinados al mejoramiento de varias calles de la ciudad”, había dicho Cáceres.
Entretanto, numerosas plazas de Asunción se encuentran deterioradas y con la necesidad de mejoras. Vecinos de distintos barrios, organizados en comisiones vecinales, cuidan como pueden tanto la iluminación como el cuidado de dichos espacios.
El caso de la Plaza Naciones Unidas, del barrio Mburicaó, resalta por el largo viacrucis que debieron atravesar los vecinos hasta su reinauguración, que se dio el pasado 16 de diciembre. Esto se dio luego de casi tres años de retraso desde la palada inicial, debido a problemas financieros y de proyecto a cargo de la Comuna y la empresa encargada de la obra.
