La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) anunciaron ayer en conferencia de prensa la suspensión temporal de la cadena de minimercados Biggie SA, debido a la comercialización de productos vencidos y reetiquetados.
Añadieron que la reapertura de los locales estará sujeta al retiro de los productos en cuestión, la reorganización de las góndolas y una inspección por parte de los organismos de control.
En este sentido, desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) calificaron, a través de comunicados, que la sanción para la cadena de minimercados es desproporcionada, pero pidieron que se proteja al consumidor sin comprometer el empleo ni la estabilidad económica.
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Postura de la UIP
En su documento, la UIP subraya que la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normativas son fundamentales para un mercado formal, transparente y competitivo.
“Las fiscalizaciones son claves para garantizar la calidad de productos y servicios, fortalecer la confianza del consumidor y promover la competencia leal”, señalaron.
Sin embargo, la UIP aboga por un equilibrio en la aplicación de sanciones, con criterios de proporcionalidad, enfoque correctivo y comunicación responsable, evitando impactos negativos en el empleo, las inversiones y las cadenas de valor.
El gremio destaca la importancia de protocolos claros y procedimientos transparentes que resguarden la salud pública, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad empresarial, considerando el impacto económico y social de las medidas.
Posición de la Capasu
Por su parte, la Capasu alerta sobre el impacto de una sanción desproporcionada y sin precedentes, que afecta no solo el prestigio de Biggie SA, sino también la economía nacional y miles de puestos de trabajo.
La cámara sostiene que, “aunque los incumplimientos deben ser sancionados con firmeza, las medidas deben ser transparentes y cautelosas para no comprometer la estabilidad comercial ni generar temor a la arbitrariedad, lo que podría desincentivar inversiones”.
Los supermercadistas enfatizan que Paraguay necesita reglas que protejan a los consumidores, corrijan irregularidades y mantengan un entorno favorable para el mercado, sin poner en riesgo el empleo ni el clima de negocios.
Asimismo, ambas instituciones coinciden en la necesidad de cumplir con las normativas y proteger a los consumidores, pero instan a que las sanciones sean equilibradas, transparentes y orientadas a soluciones que preserven la estabilidad económica, el empleo y la confianza en el mercado paraguayo.
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Por otro lado, Manuel Riera, ex presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, expresó en su red social X su postura sobre la situación.
“La suspensión temporal en todo el territorio nacional de la cadena Biggie (Res. 326, art. 3) no guarda proporción con las razones de Dinavisa. Dos actas, antecedentes de Sedeco, intervención a ciertos locales o productos no justifican toda la cadena. Es muy desproporcionado”, publicó Riera.
El abogado remarcó que “asumiendo que la finalidad es la salud y las razones están por verse en productos vencidos o deteriorados, etc., la necesidad de cerrar toda la cadena es demasiado restrictiva, afectando otros productos y finalidades también lícitos”.
“La Res. 326 no explica la necesidad de una medida tan restrictiva ni cómo dicha medida es la más adecuada pudiendo tomar otras. Omitir estas razones y excederse en sus proporciones podría generar un acto administrativo irregular”, enfatizó el jurista.
