Durante un operativo, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones pudieron rescatar a unos 40 menores indígenas en la zona de la Estación de Buses de Asunción (EBA).
Los menores fueron hallados en un precario hospedaje, la mayoría de ellos niños y niñas, quienes vivían en lamentables condiciones y se sospecha que eran víctimas de explotación sexual y laboral. Además, estaban acompañados por 20 adultos.
La representante del Ministerio Público, María Isabel Arnold, explicó que inició la investigación por una denuncia recibida por un supuesto hecho punible de explotación laboral y sexual.
“Es un lugar insalubre, están hacinados y cuentan que pagan G. 20.000 para quedarse a dormir en este lugar. El propietario es un argentino y la persona que administra es una mujer que tiene un negocio en la entrada del inquilinato. Ya están siendo investigados. El local ya se había clausurado hace dos años aproximadamente”, manifestó la fiscala.
Acotó que muchos de ellos estaban con sus padres, y los niños que no están acompañados por mayores serán traslados a un hogar dependiente del Ministerio de la Niñez, en tanto que los demás, a sus comunidades luego de una inspección médica general.
Señaló que hasta el momento hay dos personas investigadas: un ciudadano argentino, quien todavía no fue identificado, y una mujer que se encargaba de administrar la propiedad, quien cobraba G. 20.000 a los adultos y G. 10.000 a los menores.
También están en el proceso el “líder indígena”, que acordaba con la administradora.
Por su parte, el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, en comunicación con Monumental 1080 AM, calificó el lugar como “un aguantadero” y denunció que adultos ajenos a los menores los utilizaban como fuente de ingresos diarios.
El ministro reveló que los menores eran parte de un esquema económico informal, donde los adultos obtenían entre G. 150.000 y G. 200.000 por día mediante la explotación laboral infantil.
“Lo que se les ofrece en sus comunidades no les resulta rentable en comparación con lo que sacan en la ciudad. Es un negocio montado sobre la vulnerabilidad de los niños”, lamentó.
Afirmó que las comunidades indígenas involucradas eran cinco, todas provenientes de Caaguazú, y que el 100% de los menores rescatados pertenecían a una población indígena.
“Algunas comunidades reciben apoyo, pero hay vacíos que permiten que esto ocurra. Hay que cerrar esos espacios de impunidad”, concluyó.
