En la misma resolución, el magistrado también benefició con la suspensión condicional del procedimiento, el coprocesado el médico Germano Rodolfo Gernhofer Valdez, procesado por expedición de certificados de salud de contenido falso, quien también deberá donar la misma suma de dinero.
La resolución se dio tras la audiencia preliminar, donde los procesados reconocieron los hechos, y la fiscala Silvia González Vester, se allanó a la petición de la defensa de los procesados, con lo que el juez concedió el pedido.
En principio, Fátima Leticia Saucedo Zelada, conocida como “La negra Saucedo”, fue acusada por el uso de certificados de salud de contenido falso. La misma presentó los certificados en la EBY, para justificar sus inasistencias, aunque la institución ya realizó los descuentos correspondientes por sus ausencias.
Por su parte, Germano Rodolfo Gernhofer Valdez, fue acusado por la expedición de certificados de salud de contenido falso, quien es el traumatólogo que le expidió los documentos.
En principio, la fiscalía se ratificó de la acusación y el pedido de juicio oral, pero la defensa requirió la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento, con lo que finalmente reconocieron los hechos y así evitan ir a juicio oral.
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El juez dispuso el plazo de la suspensión por un año, con la reparación del daño social. Cada uno deberá donar la suma de G. 10.000.000, fraccionados en 12 cuotas. Son 11 pagos de G. 833.333 y un último pago de G. 833.337. En el caso de Fátima Saucedo, será destinado a la entidad Aldeas Infantiles SOS; mientras que Germano Gernhofer a la Fundación ASOLEU.
Además, tienen obligación de residir en sus domicilios declarados y comunicar cualquier cambio al Juzgado; a más de la comparecencia obligatoria ante el Juzgado de Ejecución dentro de los primeros 10 días de cada mes. Tampoco pueden salir del país.
Con ello, el juez admitió suspender el proceso penal, y levantó las medidas cautelares que pesaban sobre los procesados. En caso de incumplimiento, el proceso penal seguirá.
En el caso, la operadora cartista, que fue acusada de planillera, trabajó solo 56 días durante seis meses. Entre las pruebas, la Fiscalía presentó como pruebas los informes del sumario presentado por la EBY, informes de la junta médica y otros.
