Santiago Peña acaba de incurrir en la peor reculada de su administración, poniendo bajo riesgo todo lo que ha buscado construir en su rol de canciller de facto viajando por el mundo como preventista; que el Paraguay aparezca en el radar de los grandes capitales internacionales como un lugar seguro y predecible donde invertir.
El presidente emitió dos decretos estableciendo reglas para la instalación de la que pretende ser la mayor productora de fertilizantes ecológicos del planeta, y las derogó apenas unos meses después ante la primera amenaza de un par de sindicatos públicos. Un verdadero papelón sobre el que vale la pena hacer algunas reflexiones; ya que, más allá del caso en particular, sus consecuencias pueden determinar el tipo de país que construyamos.
Peña emitió sus decretos para darle cuerpo legal a un acuerdo con un consorcio de empresas europeas que pretenden montar en el país una planta que produzca hidrógeno verde mediante el uso intensivo de electricidad. El contrato contempla que la compañía adquiera la energía de la ANDE a un precio determinado y por un periodo de 15 años. Los inversores prometen destinar más de 600 millones de dólares al proyecto; pero exigen previsibilidad en los costos del insumo más importante, la electricidad. Y el gobierno de Peña lo aceptó emitiendo los decretos respectivos.
Hasta ahí todo iba sobre rieles. Pero desde la ANDE recordaron que los costos operativos de esta empresa pública que monopoliza la distribución de la electricidad –y que además regula el mercado eléctrico– determinan una tarifa más alta que la que se acordó con los inversores internacionales. El reparo de la estatal fue respaldado por una amenaza de huelga de todos sus sindicatos, preocupados legítimamente por la salud financiera de la empresa y por el riesgo de que luego pretendan recortarles algunos de los muchos beneficios excepcionales contemplados en su contrato colectivo de trabajo. La presión duró no más de 48 horas. El mismo Peña que recorre el mundo promocionando la estabilidad y previsibilidad del Paraguay cambió de un plumazo las reglas del juego y derogó sus decretos dejando el megaproyecto al borde del fracaso.
La primera pregunta lógica es cómo pudo haber avanzado durante dos años y medio la negociación del propio Gobierno sin haber tenido en claro desde el inicio a cuánto pretendía vender la energía y en qué condiciones. La segunda tiene que ver con una cuestión que va más allá de este caso en particular y se refiere a si existe una política energética del país, y si es así, a qué apunta. Hasta ahora todo el enorme caudal de energía verde que tiene el país se ha cedido a nuestros socios condóminos de las hidroeléctricas a cambio de un dinero dilapidado por la corrupción pública o mal invertido en proyectos de dudosa rentabilidad social o económica. Brasil, en cambio, utilizó esa energía para industrializar a San Pablo, creando cientos de miles de empleos formales ¿Queremos usar la energía para hacer caja hoy o para diseñar y ejecutar un verdadero plan de inversiones industriales?
Programas como los de esta procesadora de hidrógeno verde suponen la creación de cientos de empleos, la sustitución de onerosas importaciones como la de fertilizantes y la oportunidad de exportar valor agregado mediante la transferencia real de tecnología de punta. Es la concreción de este y otros proyectos similares lo que puede convertir al Paraguay en un país industrial, con una economía diversificada y con empleos de calidad, y no la sangría energética que suponen las criptomineras o los discrecionales “gastos sociales”. Y estos proyectos de miles de millones de dólares no se instalan solo porque el presidente de turno vista bien, hable inglés y tenga un lindo discurso preventista, se afincan cuando las reglas son claras y no hay riesgos de que las cambien de la noche a la mañana.
