Advirtieron que si la ley no es vetada, las organizaciones presentarán acciones legales ante instancias nacionales e internacionales, alertando sobre el riesgo de que Paraguay sea señalado en foros internacionales como un país que restringe la participación ciudadana.
El posicionamiento fue realizado por los representantes de diferentes OSC, quienes exigen al presidente de la República, Santiago Peña, el veto total de la nueva ley que impone restricciones inconstitucionales y controles excesivos a las OSC, según señalaron.
La conferencia de prensa se realizó en horas de la mañana en el local de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), donde el secretario general de dicha organización, Dante Leguizamón, fue el vocero.
El mismo anunció que las organizaciones presentarán una nota formal al presidente de la República solicitando el veto total de la ley, así como una mesa de diálogo para elaborar un nuevo proyecto.
“Agradecemos los esfuerzos del Ejecutivo en introducir cambios en el proyecto de ley, pero aún contiene deficiencias inconstitucionales que atentan contra los principios de una democracia pluralista y participativa”, expresó Leguizamón, recordando que el Ejecutivo cambió en Diputados el texto que había remitido y aprobó el Senado en julio pasado.
Peligros. “Esta ley impone controles desproporcionados y sanciones que no tienen justificación, lo que dificulta el trabajo de las OSC en lugar de promover la transparencia, que debería ser el objetivo principal”, señaló el titular de la Codehupy.
Destacó que la ley parece tener una intencionalidad persecutoria hacia las organizaciones y sus integrantes, como lo evidencian las declaraciones de algunos senadores que impulsaron la normativa, en alusión directa al colorado cartista Gustavo Leite, y el audio filtrado suyo.
Por su parte, Marta Ferrara, directora de Semillas para la Democracia, señaló que la sociedad civil está dispuesta a agotar todas las instancias de diálogo antes de recurrir a mecanismos judiciales, e instó al Ejecutivo a evaluar cuidadosamente la constitucionalidad de la ley.
“No queremos que Paraguay se convierta en un Estado que persigue a sus ciudadanos por lo que piensan o dicen. Esta ley atenta contra el derecho a la intimidad y la libertad de expresión”, afirmó Ferrara, quien también advirtió sobre las consecuencias en la imagen internacional del país.
Las organizaciones plantean una mesa técnica de trabajo donde se evalúen las normativas existentes y se simplifiquen los procesos de registro, asegurando una verdadera participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas.
Instaron a Peña a abrir el diálogo para encontrar una solución que respete los principios constitucionales y fortalezca la democracia.
