César Garay Zuccolillo, Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y César Antonio Diesel Jung- hanns concentran, desde hace años, la superintendencia de los principales departamentos judiciales del país. Sus trayectorias dentro de la Corte Suprema de Justicia permiten trazar un mapa claro de continuidad territorial que, en los hechos, derivó en la conformación de feudos judiciales.
La superintendencia de departamentos judiciales es una función administrativa asignada por el pleno de la Corte Suprema.
Su carácter es formalmente transitorio y se renueva mediante resoluciones periódicas.
El manejo de los feudos judiciales está bajo la lupa luego de que se filtró que hubo una reunión secreta entre el presidente Santiago Peña y magistrados. También habría estado Horacio Cartes. Ocurre en momentos en que el presidente debe resolver la promulgación o veto de la ley que elimina la rotación en las jurisdicciones.
Más de 20 años. El caso más extendido en el tiempo es el de César Garay Zuccolillo, designado ministro en 2004. Desde entonces, fue asignado de forma reiterada como superintendente de departamentos del Chaco, entre ellos Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes. A más de veinte años de su ingreso al máximo tribunal, su presencia administrativa en estas circunscripciones se mantiene sin alternancia estructural, consolidando un control territorial prolongado.
Luis María Benítez Riera, ministro desde 2010, constituye otro ejemplo de continuidad sostenida. Ejerció reiteradamente la superintendencia del Departamento de Guairá y también figura en asignaciones vinculadas a Ñeembucú, donde comparte antecedentes de conducción administrativa con Alberto Martínez Simón, designado en 2019.
La reiteración de estos nombres en las mismas jurisdicciones a lo largo de más de una década refuerza la noción de enclaves territoriales estables dentro del Poder Judicial.
Patrón repetido. En el Norte del país, Eugenio Jiménez Rolón, designado en 2018, fue titular de manera recurrente como superintendente del Departamento de Concepción, sin que se observe una política clara de alternancia.
De forma paralela, también figura en resoluciones relacionadas con el Departamento Central, ampliando su ámbito de incidencia administrativa.
Carolina Llanes, ministra desde 2019, mantiene una presencia reiterada en la superintendencia de Canindeyú y ejerció funciones administrativas en Itapúa, compartiendo responsabilidades en distintos periodos con César Garay Zuccolillo.
Esta superposición de asignaciones refuerza la concentración del poder administrativo en un número reducido de ministros.
Una tradición. Desde su designación en 2020, César Antonio Diesel Junghanns fue asignado de forma reiterada como superintendente del Departamento de Alto Paraná, con sede en Ciudad del Este. Además, su nombre reaparece en Amambay, lo que consolida su presencia en más de una circunscripción judicial relevante sin alternancia efectiva.
En Cordillera, las resoluciones de la Corte mantuvieron a Alberto Martínez Simón, quien es ministro desde el 2019, como superintendente, reforzando la continuidad territorial que caracteriza a este esquema.
Aunque las asignaciones son formalmente legales y aprobadas por el pleno del máximo tribunal, su reiteración sostenida en el tiempo plantea interrogantes institucionales sobre la distribución real del poder administrativo. Desde una perspectiva jurídica, este modelo no configura, por sí mismo, una infracción normativa. No obstante, consolida un sistema de gestión judicial de carácter endogámico, en el que la superintendencia, en tanto, es concebida como una función administrativa transitoria, opera en los hechos como una extensión estable del cargo de ministro.
La concentración territorial del poder limita la transparencia, debilita los controles internos y reduce los márgenes de renovación institucional. Mientras no se establezcan reglas claras de rotación obligatoria, criterios públicos de asignación y límites temporales objetivos, el Poder Judicial continuará estructurado sobre feudos administrativos, donde los mismos actores conservan el control territorial y las decisiones de gestión permanecen prácticamente inalteradas con el paso del tiempo.
Opositores convocan mañana a marcha contra acciones de la CSJ
En respuesta a la reunión secreta mantenida entre seis miembros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República, Santiago Peña, y el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, sectores de la oposición convocan a una manifestación. La cita está marcada para mañana, a las 9:00, frente a la sede del Poder Judicial.
Varios referentes de la oposición anunciaron que se movilizarán para exigir una justicia independiente.
La convocatoria tiene la suma de representantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Tekojoja, Cruzada Nacional, Yo creo, Paraguay Pyahurã, País Solidario, Participación ciudadana, entre otros, que presentaron su total repudio y exigen explicaciones.
Gran polémica. Fue el ministro de la Corte Eugenio Jiménez Rolón el que admitió la reunión secreta entre las autoridades de la Corte Suprema de Justicia con el presidente Santiago Peña, que supuestamente contó con la presencia de Horacio Cartes. No obstante, este último punto fue omitido por el alto magistrado. “Debo decir que la mentada reunión con el presidente de la República, reitero, con el presidente de la República, ha sido realizada a iniciativa de la Corte y por pedido de algunos ministros, me incluyo”, reconoció. Sobre el punto, negó que se haya tratado de una convocatoria o una citación a los ministros de la Corte, “sino la fijación, incluso, un tanto demorada, de fecha de reunión solicitada por algunos de los aquí presentes”.
La ex ministra de Justicia en el gobierno de Mario Abdo, Cecilia Pérez, aseveró que está corriendo una versión bastante delicada de que supuestamente se acordaron temas como el caso de Mario Abdo, Mauricio Espínola y todos los demás durante la supuesta reunión secreta entre ministros de la Corte con Santiago Peña y supuestamente Horacio Cartes.
