La tasa de desocupación experimentó una caída, situándose en 5,6%, lo que equivale a unas 41.106 personas que dejaron de estar desempleadas. A su vez, la tasa de subocupación descendió levemente en 0,2 puntos porcentuales. En conjunto, desocupación y subocupación sumaron 268.360 personas, una reducción de más de 33.000 en comparación con el mismo periodo de 2024.
Aunque estos números reflejan una mejora alentadora, es fundamental mirar más allá del optimismo que puedan generar. ¿Qué tipo de empleos se están creando?
La mayoría de los nuevos puestos corresponden a asalariados privados (unos 43.959), lo que puede interpretarse como una señal positiva de formalización del empleo. No obstante, se requiere evaluar si estos trabajos ofrecen condiciones dignas: contratos legales, salario justo y acceso a la seguridad social.
Otro dato que merece atención es la disminución de trabajadores independientes (alrededor de 17.500 menos). Este fenómeno puede reflejar un traslado hacia empleos formales, pero también podría significar que quienes dependían del autoempleo están encontrando dificultades para sostener su actividad en un entorno más competitivo.
Asimismo, el incremento de la ocupación se dio mayoritariamente entre las mujeres, con 34.257 nuevas trabajadoras ocupadas, pero al mismo tiempo, otras 91.789 mujeres siguen estando desocupadas. Este es un signo positivo en términos de inclusión laboral femenina, pero obliga a seguir indagando sobre la calidad de los empleos que ocupan y las barreras que aún enfrentan las otras mujeres que no pueden encontrar trabajo.
Por otro lado, la población fuera de la fuerza de trabajo –es decir, quienes no buscan empleo– alcanzó aproximadamente 1.322.533 personas. Aunque hubo una leve disminución, la magnitud sigue siendo alta. ¿Qué impide que estas personas participen del mercado laboral? Factores como el cuidado de hijos, la falta de formación, la discriminación o la desmotivación pueden estar entre las causas.
Todo indica que el mercado laboral muestra signos de recuperación, pero los desafíos estructurales persisten: la informalidad, la inactividad laboral, la desigualdad de género y la falta de empleos de calidad continúan siendo barreras para lograr una inclusión económica más amplia y sostenible.
Que estos datos no queden para el informe y sirvan para que el Gobierno se enfoque en diseñar políticas públicas que promuevan la capacitación laboral, incentiven la formalización, faciliten la conciliación entre trabajo y vida familiar/social, y reduzcan los impedimentos al acceso al empleo para todos los grupos de la población. Solo así, el crecimiento del empleo podrá traducirse en un desarrollo para todos.
