Llamativamente, la Justicia pone trabas al Ministerio Público para realizar pericias de diez celulares que compartían dentro de la cárcel, tanto el empresario usurero Ramón González Daher (RGD), quien soporta reclusión por varios hechos de estafa, y Fernando González Karjallo, su hijo.
El hecho de denegar a la Fiscalía peritar los teléfonos, que de forma irregular seguían utilizando el clan encabezado por RGD, lo cual se constató en 2025 tras un allanamiento en las celdas, corrió por cuenta del juez Rodney Gustavo Ovelar, quien es hermano del senador colorado oficialista Silvio Ovelar, por lo que no se descarta que exista injerencia política para beneficio de RGD si se considera que la familia luqueña lideró por años el Partido Colorado en la ciudad de Luque, utilizando además a través del ex senador Óscar González Daher una pata clave de la Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que se manejaba como un garrote.
El Auto Interlocutorio N° 678 del juez de Garantías del Cuarto Turno de Coronel Oviedo Rodney Gustavo Ovelar Benítez rechazó la solicitud de extracción de datos de los diez celulares incautados a Ramón Mario González Daher y a los de su hijo Fernando González Karjallo, quienes están recluidos en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y cumplen penas de 15 y 5 años de cárcel, en ese orden, por denuncia falsa, usura grave y lavado del dinero, fruto de la usura.
Señalan lentitud y secretismo
Víctimas del esquema de usura manifiestan que la resolución no se envió a Estadísticas del Poder Judicial, por lo que tampoco se encuentra entre las resoluciones publicadas en la web.
Para el abogado Federico Campos López Moreira, no existen dudas de que el clan sigue operando desde la prisión y si la Justicia los apaña lo seguirán haciendo.
“Nos llama la atención, que pese a que tenemos testificales de que siguen operando desde la reclusión y de que se les acusó por varios medios de prensa y por medios procesales, tomen esta determinación. No están aislados como para dejar de realizar las prácticas de extorsión y amenazas desde la cárcel”, apuntó.
En diversas ocasiones, las víctimas de usura de Ramón Mario González Daher han denunciado que el usurero luqueño y ex dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol continúa operando desde la cárcel, apretando a sus “clientes” de los créditos con intereses excesivos.
En consecuencia, piden que el Ministerio Público y el Poder Judicial arbitren mecanismos necesarios para extraer los datos de los celulares que les fueron incautados a RGD y su hijo en la Penitenciaría de Coronel Oviedo, considerando que de esa forma se obtendrían las pruebas que confirmen las denuncias contra el clan.
En este sentido, Campos López Moreira fue firme al indicar que detrás de todo huele no solo a tufo de “maniobra política”, sino también económica y judicial. Indicó que no es poca cosa el haber conseguido la cárcel y el embargo de los activos de RGD valuados en USD 540 millones.
El abogado Federico Campos López Moreira y el empresario Armindo Vera Ferrer, voceros de las víctimas de Ramón González Daher, han advertido las maniobras de los condenados para evadir la Justicia y, por otra parte, que Delcia Karjallo de González, esposa de Ramón González Daher, es quien actualmente administra los bienes del usurero.
Con relación a la llamativa resolución del juez hermano de Silvio Ovelar, y si le parecía coincidencia con un mensaje del poder político, Campos López Moreira dijo que existen claramente muchos intereses y uno de ellos es el político, pero más preocupante aún es el judicial.
“El esquema se resiste a morir, aún así nuestra lucha sigue porque a la ciudadanía de hoy ya no le da lo mismo y no le da igual que los criminales acudan a pedir ayuda y logren coautoría de hechos punibles con algunos ministros, con miembros del JEM, por no decir a instrucciones del poder político”, denunció.
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El vocero de las víctimas y abogado penalista expresó que las grandes causas emblemáticas, como la “mafia del esquema de usura de RGD y la mafia de los pagarés, un hecho calcado, solo existen porque existe una tolerancia, una presunta coautoría del Poder Perjudicial”, indicó al tiempo de subrayar que no cesarán en su lucha hasta llegar a la justicia y que los responsables paguen a sus víctimas.
