Dos personas fueron detenidas durante un allanamiento realizado a tempranas horas de este jueves en una residencia ubicada sobre la ruta PY03, ex Transchaco, en el barrio Loma Pytã, en Asunción, por una comitiva encabezada por el fiscal Itálico Adriano Rienzi.
Se trata de Manuel Enrique Amado Talavera y Claudia Elizabeth Villalba Salcedo, señalada como empresaria de eventos masivos. La mujer posee dos antecedentes penales por estafa.
En el lugar se incautaron de cheques, facturas con montos multimillonarios, documentos de reconocimiento de deudas, citaciones de Fiscalía por estafa en otras causas, entre otros elementos, que serán analizados por las autoridades.
El procedimiento se ejecutó tras denuncias por presunta estafa piramidal que tiene como víctimas a ocho personas.
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Según los cálculos preliminares del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial sería G. 165.399.200, aunque este monto podría aumentar conforme avancen las diligencias.
Modus operandi y protección jurídica
El fiscal del caso explicó cómo operaba el esquema en el cual se pedía una suma de dinero como inversión, bajo la promesa de obtener rentabilidades semanales de hasta el 10%.
El gancho para los desembolsos eran los servicios de logística, merchandising y organización de eventos masivos.
Uno de los ejemplos que citó Rienzi fue la supuesta venta de agua a los peregrinantes de Caacupé: se pedía una inversión de G. 3.000.000 y en dos días devolvían entre G. 4.000.000 y G. 5.000.000.
“En algunos casos se pagaba la totalidad y en otros solo la mitad, argumentando que no estaba pudiendo pagar por cheques bloqueados. Les decía que tenía otras inversiones para recuperar la anterior”, señaló.
El otro negocio era supuestamente brindar servicios de bebidas en los camarotes en el concierto de Shakira, que se realizó en noviembre del 2025.
“Y es así que la gente iba aumentando su inversión”, agregó.
Uno de los desembolsos fue de aproximadamente G. 70.000.000.
Incluso, para generar aún más confianza de los potenciales inversionistas, se habría “utilizado una fachada de actividad empresarial, acompañada de documentación de apariencia legal, planillas y referencias comerciales, con el propósito de generar confianza entre potenciales inversores y lograr que realizaran transferencias y depósitos de dinero”, indica el reporte fiscal.
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La mujer además se protegía jurídicamente para evadir la acción penal, ya que firmaba documentos de reconocimiento de deudas y pagarés a sus víctimas. Sin embargo, no cumplía con obligaciones ni promesas.
En el marco de la investigación se detectó ingresos por G. 72.000.000 en cuentas bancarias. A su vez, se hallaron vinculaciones registrales, domiciliarias y operativas con una persona y una firma comercial que estarían relacionadas con el hecho.
La Fiscalía tampoco descarta incluir el delito de lavado de dinero en la causa penal, lo cual se confirmaría con la trazabilidad del dinero. Esta hipótesis surgió al ver una factura de compra de diésel para una empresa de transporte, pero no hay camiones.
