La senadora Esperanza Martínez pidió que se cuantifique “todo lo que se malversó de la Municipalidad de Asunción” y que el intendente Óscar Nenecho Rodríguez finalmente “renuncie y se vaya a su casa”.
Esto en atención al uso ilegal del dinero de los bonos que debía destinarse para pago de obras y que Nenecho desvió para pagar salarios.
“Asunción está en una crisis, está en terapia intensiva, una gestión calamitosa de Nenecho protegido por el quincho que hasta ahora está allí supuestamente con una intervención que hasta el momento no ha dado más que algunos indicios”, criticó la senadora, en alusión a las informaciones difundidas recientemente por el interventor Carlos Pereira, como las irregularidades en la gestión de los recursos humanos y también la incapacidad del Municipio para afrontar sus altísimas deudas.
Actualmente, la Comuna adeuda cerca de G. 50.000 millones por intereses retrasados en el pago de los bonos. Además, debe más de G. 65.000 millones por el préstamo de déficit de caja gestionado por Nenecho en 2024.
“El interventor se pasó paseándose, tomando fotos en sus redes sociales, haciendo de un seudoadministrador en un proceso intermedio, (pero) nosotros lo que necesitamos es que se cuantifique lo que se robó, todo lo que se malversó de la Municipalidad”, apuntó Martínez.
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La senadora indicó además que la ciudadanía debería ir a la casa del intendente y exigir su renuncia. “Hay que exigirle que nos deje en paz, y que nosotros cuando tengamos que elegir de nuevo, hagamos un cambio real para Asunción”, aseguró.
Afirmó que la capital solo saldrá adelante “con un equipo nuevo que venga a hacer las medidas de emergencia en los primeros 60, 90 días, medidas de paliación de los próximos seis meses y un cambio radical a partir de un año”.
Por desviar el objeto del préstamo, en este caso los G. 500.000 millones que eran para obras, Nenecho se expondría a una pena de entre 5 y 10 años de cárcel por lesión de confianza. Los concejales que aprobaron sus rendiciones también están expuestos a sanciones.
Desvío
La diputada Johanna Ortega, por su parte, observó el hecho de que la Administración no pueda pagar los intereses de los bonos como tampoco los préstamos con los bancos locales.
Recordó que los jubilados municipales tampoco están siendo atendidos. La deuda, actualmente, alcanza cerca de G. 18.000 millones, puesto que la Comuna ya no transfiere a la Caja desde marzo.
“¿Cómo van a pagar las obras si ellos mismos admiten que ya usaron ese dinero metiendo en la Cuenta Única para financiar gastos corrientes y salarios?”, cuestionó la diputada Ortega.
También se refirió a la planificación que se realizó con la emisión del bono G8 (G. 360.000 millones). “Evidentemente, ellos pidieron la emisión de esos bonos con la mala intención de usar en gastos corrientes; cuando recibieron la acreditación en diciembre del 2022, para febrero ya no había dinero”, dijo.
