El senador colorado Óscar Cachito Salomón, que formó parte del gobierno de Mario Abdo cuando comenzó el proyecto del puente bioceánico, afirmó durante la sesión que el caso de la venta de la tierra pública de Carmelo Peralta es una cuestión “demasiado peligrosa y criminal”.
Por ese motivo, planteó que el Congreso presente un proyecto de expropiación, en vista de que no pueden ejercer una acción directa para intervenir. También intentó desligar la responsabilidad política, ya que la oposición denunció que el caso se dio con anuencia de los gobiernos de Abdo y de Santiago Peña, por lo que prefirió usar la palabra “clandestina” para referirse a la forma en la que se dieron los hechos.
“Esto pasó de forma clandestina, del Indert al ámbito privado, las dos denuncias. Lo único que podemos hacer nosotros, como está en el ámbito privado, expropiemos de nuevo a favor del Estado paraguayo y devolvamos la tierra, los dos predios”, manifestó el legislador.
La propuesta de Cachito tuvo buena aceptación y entre el pleno se sugirió que la expropiación sea por la misma superficie y por el mismo monto.
El caso
Específicamente, la denuncia señala que el Indert vendió 29 hectáreas de propiedad fiscal en Carmelo Peralta, Alto Paraguay, Chaco, por solo G. 18 millones (USD 2.500). Afirman que el negociado atañe directamente al presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, para enriquecer a empresarios.
Las tierras están cerca del puente del Corredor Bioceánico, que tendrá un movimiento comercial exponencial gracias a la conexión con Brasil. El diputado abdista Mauricio Espínola indicó que en la zona debían instalarse dependencias públicas. “De esas tierras, 12 hectáreas eran para Aduanas (DNIT) y otras oficinas del Estado. Allí debían instalarse dependencias públicas y viviendas para más de 100 funcionarios en los primeros años. Era el núcleo del futuro centro logístico estatal del Chaco”, lamentó el legislador.
Indicó que el Indert anuló su propia resolución y entregó todo a un particular, a un precio irrisorio, y contra una sentencia firme que ya había reconocido el derecho del Estado sobre esas tierras.
Espínola remarcó que se trata no solo de un daño económico sino estratégico, porque se dejó al Estado sin espacio en la zona donde se moverán 1.500 camiones desde Brasil, además de embarcaciones y vuelos.
Sostuvo que el futuro del Chaco no puede construirse sobre negocios entre pocos. “La zona es hoy un nuevo polo de desarrollo, pero eso también atrae riesgos. La especulación inmobiliaria ya desplazó proyectos del Estado. En esos terrenos debían operar DNIT, Senad, Migraciones y otras oficinas con más de 100 funcionarios”, comentó.
Finalmente, Espínola dijo que ya se recuperaron 127 hectáreas del sector privado para el aeropuerto y que esta vez corresponde evitar otro despojo. “Si el Ejecutivo actúa, puede revertirlo. La Constitución es clara: ningún interés privado está por encima del interés general”, subrayó.
También el diputado Miguel Martínez presentó una propuesta de crear una comisión para investigar la denuncia sobre este negociado del Indert, que vendió tierras públicas a una empresa extranjera a precios irrisorios. “El Indert roba tierras para negociar con inmobiliaria extranjera”, reclamó.
Señaló que luego de la investigación, las tierras deben ser devueltas al Estado. “No podemos arrodillarnos ante mafiosos. No vamos a dejar las tierras al narcotráfico y a extranjeros que quieren lucrar”, expresó.
Finalmente, el senador Rafael Filizzola dijo que tanto el presidente del Indert como el empresario que compró y el juez que permitió que esto ocurra “deben ser caídos con todo el rigor de la ley posible”.
