Desde la oposición continúan los cuestionamientos hacia el pedido de intervención realizado por la Contraloría General de la República.
En ese sentido, el senador Rubén Velázquez indicó que el contralor Camilo Benítez debe ser sometido a un juicio político.
Velázquez dijo durante la sesión de este miércoles que la Contraloría, al momento de observar supuestas irregularidades de la Municipalidad de Ciudad del Este, en su mayoría indica hechos ocurridos durante un periodo de mandato concluido. “Varios de los hechos que supuestamente son irregulares fueron cometidos a criterio de la Contraloría durante el periodo de mandato 2019-2021, cuyo mandato ya feneció”, expresó.
“Nadie está hablando de esto y es una medida peligrosa y un antecedente riesgoso para la institucionalidad de la República, el Estado de derecho y la seguridad jurídica”, subrayó.
Dijo que esto “está abriendo una compuerta a que mandatos fenecidos y concluidos de intendentes municipales, por razones políticas, puedan nuevamente ser observados y sometidos a una intervención. Puede existir aquí una manipulación política inclusive con el propósito de atacar mandatos de intendentes opositores, o quienes no sean afines al gobierno de turno”.
“Aquí con esto claramente encontramos mal desempeño de funciones en la gestión del contralor y esto ya obedece a un juicio político. Ya tenemos elementos suficientes para poder someter a juicio político al contralor general de la República”, exhortó.
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Así también, mencionó que la solicitud de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, solicitada por la Contraloría, se encuentra basada en una norma derogada en lo concerniente a las municipalidades. Argumentó que la solicitud de intervención formulada por la Contraloría ante el Ministerio del Interior se fundamentó en una ley derogada, que es la Ley 317/ 94, que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y municipales.
Específicamente, citó el artículo segundo de los casos de intervención de aquella ley derogada, que facultaba a la Contraloría a solicitar la intervención directamente. La Ley 317/94 se encuentra hoy derogada, ya que la Ley 3.966, promulgada en el año 2010, en su artículo 11 suprime esta facultad discrecional que anteriormente tenía la Contraloría, y ajusta el procedimiento a lo dispuesto la Constitución Nacional, devolviendo el principio rector de que los dictámenes emitidos por la Contraloría no son vinculantes.
“En consecuencia, es la Junta Municipal la que se encuentra facultada para impulsar el procedimiento de intervención de los municipios del país, previo dictamen de la Contraloría, pero no es la Contraloría la que tiene que solicitar directamente el pedido de intervención”, explicó.
Aseguró que lo hecho por el contralor viola el principio de autonomía municipal, por tal razón, “hoy nos encontramos ante un acto inconstitucional”.
El senador Eduardo Nakayama dijo que la intención del pedido de intervención “es truncar y blanquear”, y dijo que “es lo mismo que un fiscal le acuse a Juan Pérez de asesinato y a Carlos Gómez de robo”.
El senador Líder Amarilla cuestionó al contralor Benítez, porque es “socio de tragos de los colorados”, y mostró las fotos donde se lo ve en festejos con políticos de la ANR.
Agregó que el Partido Colorado “no respeta los principios republicanos”.
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