La Cámara de Senadores sesionó este martes de forma extraordinaria para analizar el proyecto de ley “Que establece los valores del costo operativo y precio de referencia del flete de unidad de carga conformada por tractocamión y semirremolque y crea el Comité Técnico del Costo Operativo del Flete”, presentado por el gremio de camioneros.
La sesión inició poco después de que el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 5791, a través del cual se crea el Comité Técnico del Transporte Terrestre de Carga dependiente de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán). La propuesta de normativa también plantea la creación de dicho organismo.
La senadora colorada Lilian Samaniego planteó que el proyecto que fue aprobado en general la semana pasada sea devuelto a comisiones de modo a realizar ajustes. Indicó que el Ejecutivo ya cumplió con uno de los pedidos de los transportistas.
La senadora apeló a que los camioneros levanten los cortes para “conversar con tranquilidad” en una mesa de diálogo entre los afectados. Ratificó su postura y pidió que la votación sea nominal.
El planteamiento de Samaniego contó con el respaldo de la mayoría de los senadores, a excepción de la bancada del Frente Guasu. Finalmente, 27 votaron por la vuelta a comisión y 8 por seguir con su estudio del proyecto de ley en la fecha. Nueve senadores se ausentaron y uno se abstuvo.
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Debate
El senador por Patria Querida Fidel Zavala señaló que si bien es tardío el decreto sobre la comisión técnica, resulta acertada la medida. El legislador enfatizó en la necesidad de la formalización del sector del transporte y señaló que en algún momento este se utilizaba para el lavado de dinero.
Por su parte, Desireé Masi (PDP) enfatizó en la necesidad de que se establezcan precios referenciales en el país de modo a que no existan especulaciones. La legisladora lamentó que los camioneros hayan tenido que realizar movilizaciones para que salgan a la luz las irregularidades.
El liberal Salyn Buzarquis denunció que existen muchos sesgos y que se necesita favorecer a la competencia, velando por el libre mercado y peleando contra el lavado de dinero. El senador cuestionó que se tire la pelota al Senado cuando la obligación de velar por los sectores es del Estado.
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La senadora Georgia Arrúa aseguró que el transporte es un servicio privado que debe ser regulado por el Estado. Cuestionó la medida de fuerza realizada por los camioneros y aseguró que las manifestaciones no pueden afectar los derechos de terceros.
Hugo Richer, senador por el Frente Guasu, aseguró que el conflicto con los camioneros y otros sectores sociales se da desde el 2012 y que esto se generó debido a varias promesas incumplidas y a la inacción de las instituciones del Estado. Señaló que no estaba a favor de devolver el texto a comisiones.
“Las mentiras hacen que muchos compatriotas no se sientan representados. Es difícil justificar que se afecten derechos de terceros, pero es también difícil justificar mentiras de los gobiernos que solo favorecen a un sector”, dijo.
Proyecto de ley
La propuesta fue presentada por los camioneros tras el incumplimiento de acuerdos por parte de los agroexportadores.
El proyecto de ley planteaba la creación de un comité técnico para determinar un costo de referencia para el tractocamión y semirremolque de 27.000 kilogramos de capacidad y sobre el cual los contratistas deberán pagar un 25% de beneficio.
En los fletes de corta distancia se pretendía adicionar en concepto de alquiler de bodega valores que van desde G. 50 por cada tonelada y kilómetro hasta G. 400. Asimismo, para los viajes largos se iba a aplicar un descuento a los contratistas de entre G. 10 y G. 100 por cada tonelada y kilómetro.
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La intención de los transportistas de carga era que por ley se puedan tener las referencias en torno al costo operativo de los camiones de carga, para de ahí establecer el precio de referencia del servicio de flete.
Los camioneros realizan movilizaciones en todo el país y un grupo se encuentra en Asunción desde la semana pasada.
Diversos sectores productivos denunciaron millonarias pérdidas debido a que no pueden mover sus mercaderías. Asimismo, la Dirección de Aduanas habla de una reducción de más de G. 10,3 mil millones en sus recaudaciones.
