El proyecto de ley de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de feminicidio establece una pensión de unos G 1.200.000 por parte del Estado paraguayo.
Según el proyectista, el senador Derlis Osorio, esta iniciativa surge ante las preocupantes cifras de huérfanos que hay como consecuencia de los feminicidios.
“Creemos importante que el Estado se haga cargo de estos menores que han quedado sin padres y madres”, dijo.
A pedido de la senadora colorada Blanca Ovelar, se incluyó como beneficiarios a los huérfanos, cuyos padres se suicidan luego de cometer el feminicidio. El documento original los excluía.
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Por su parte, Carlos Filizzola adelantó el respaldo del Frente Guasu y lamentó que el Estado no tenga políticas contra el feminicidio, a pesar de la vigencia de la Ley 5777 contra toda violencia hacia la mujer.
El legislador Stephan Rasmussen (PPQ) sugirió analizar el proyecto dentro del marco penal. “Nos cuestionamos si esto no podría llegar a incentivar el crimen y cómo se controla para que los tutores utilicen este dinero para estos niños”, refirió.
La senadora Mirtha Gusinky (ANR) señaló que el objetivo real es asistir a las víctimas del feminicidio y aseguró que no se puede demorar la asistencia, mientras que Esperanza Martínez advirtió que la muerte de una mujer responsable de una familia tiene un gran impacto social.
“La mayoría de las familias descansan sobre mujeres que enfrentan de forma solitaria el sostén de la familia. Aprobar una ley como esta es una respuesta que les da la sociedad a estas víctimas. No hablamos de huérfanos en general, hablamos de víctimas de este brutal hecho. Necesitamos que el Estado asuma su responsabilidad sobre este hecho”, expresó la senadora por el Frente Guasu.
Fidel Zavala, senador del PPQ, aseguró que el feminicidio debe atenderse como una patología. Sin embargo, cuestionó que solo se enfoque el feminicidio cuando hay otros tipos de causas que generan huérfanos.
El proyecto de ley establece que la Dirección de Pensiones no Contributivas sea la institución encargada de administrar la asistencia. La reglamentación estará a cargo del Ministerio de la Niñez y Adolescencia.
Se estima el desembolso de unos G. 100 millones al mes por parte del Estado en caso de que esta ley sea efectiva.
Con las 22 víctimas de feminicidio que se registraron en lo que va del año, quedaron cerca de 40 huérfanos menores de edad.
