A partir de ahora, el objetivo pasa a ser que este premio se traduzca en beneficios para la sociedad. Por lo pronto, las dos primeras ventajas potenciales son las mejores condiciones de acceso al crédito por parte del país y mejor posición para competir por la inversión extranjera directa (IED).
En el caso de la deuda, no hay mucho que festejar, ya que Paraguay se encuentra en el límite de su capacidad de endeudamiento, salvo que lo que busque la autoridad fiscal sea el refinanciamiento y la extensión de los plazos, transfiriendo a las generaciones futuras el pago.
En el caso de la IED, la obtención del grado de inversión es una condición necesaria, pero no suficiente. Los principales incentivos para la llegada de la IED son la seguridad jurídica, el capital humano y la infraestructura.
La infraestructura fue mejorando, pero todavía falta bastante. La seguridad jurídica tiende a empeorar si se consideran los múltiples casos por los que Paraguay está en las noticias internacionales. La acumulación de capital humano está estancado: La población económicamente activa en promedio no llega a terminar la educación media y no hay programas con cobertura amplia no solo para lograr este nivel mínimo, mucho menos para aumentar las capacidades técnicas.
Si queremos que el grado de inversión incentive la IED y que esta contribuya al crecimiento económico y a la generación de empleos, el país necesita invertir mucho más en infraestructura, salud y educación. Adicionalmente, se requiere un pacto político para mejorar el sistema judicial.
Hasta aquí solo se hace referencia a las tareas pendientes en un solo tema, cuyas medidas beneficiaran a otros ámbitos como por ejemplo la diversificación productiva. Más capital humano e infraestructura también ayudarán a impulsar el desarrollo de muchos sectores como por ejemplo el industrial necesario para agregarle valor a la producción económica, generar empleos formales y transitar hacia una economía más resiliente al cambio climático.
En cualquiera de estos casos se necesitará mejorar la eficiencia en el uso de los recursos actuales pero también recaudar más. En la medida en que la corrupción y la impunidad se reduzcan, estos dos objetivos serán más fácil de lograr.
La lucha contra la corrupción es una precondición para lograr cualquier objetivo, ya que no solo permite mejorar la calidad de la gestión pública, sino también generar credibilidad y confianza ciudadana hacia las autoridades. Ningún Gobierno puede cumplir bien su función de espaldas a la ciudadanía. La ciudadanía, a través de su participación en la auditoría social y como principales aportantes al fisco, tiene un rol central en el éxito de las políticas, pero ello requiere que el gobierno de señales claras sobre su compromiso por el bien común.
Algunos programas recientemente publicitados como Hambre Cero y Che Róga Porã son buenos ejemplos, pero la cobertura es limitada así como sus ámbitos de acción frente a una enorme deuda social en todos los ámbitos de la vida. La sostenibilidad del crecimiento y el bienestar exigen políticas más ambiciosas y un mayor compromiso de los políticos con la ciudadanía.
