La Real Academia Española define al secreto como una cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. Cuando de secreto de Estado se tratare, la institución rectora-cultural define al secreto como una cosa que no puede revelar un funcionario público sin incurrir en delito.
En nuestro país, la Ley 125/91 que fijó el Régimen Tributario, en su artículo 190, define al secreto de las actuaciones de la Administración Impositiva como las declaraciones, documentos, informaciones o denuncias que la Administración reciba y obtenga, las cuales tendrán carácter reservado y solo podrán ser utilizados para los fines propios de la Administración.
Esta información no puede ser revelada por ningún funcionario de la Administración bajo pena de destitución y sin perjuicio de una investigación civil o penal; solamente puede ser compartida en una causa abierta con la Fiscalía o la Justicia, para investigaciones sobre tributos, pensiones o causas familiares, según detalla la citada normativa.
Ya en agosto del año pasado, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) había dado a conocer que en los cinco años de gobierno de Horacio Cartes, recuperó impuestos por un total de G. 370.000 millones (USD 62 millones al cambio actual) por diez casos de megaevasiones. Días atrás, mediante el Ministerio Público se supo que el ex senador Óscar González Daher había presentado inconsistencias por G. 7 billones (USD 1.170 millones) entre sus ingresos declarados y la conciliación de sus cuentas bancarias, financieras, etc. A un 10% de gravamen, sin contar con posibles deducciones, se puede suponer rápidamente que el ex legislador evadió al Fisco unos G. 700.000 millones (USD 117 millones).
Pero esa es toda la información oficial que se brinda a la gente. ¿Con quién se confabuló González Daher para tener una inconsistencia del tamaño del presupuesto del Ministerio de Educación o de la deuda interna contraída vía bonos? ¿Qué protección tuvo de los distintos gobiernos? ¿Hay más parlamentarios, o funcionarios públicos en general, involucrados en otros casos de fraude al Fisco? ¿Quiénes son las empresas o personas involucradas en los casos de megaevasión? ¿Siguen estas contratando con el Estado? Son preguntas sin respuestas, callejones sin salidas.
La SET, desde luego, se refugia en el secreto de las actuaciones. Sin embargo, en una coyuntura regional en la que transparencia gubernamental es ya una obligación y en un contexto local donde está en análisis una reforma al Régimen Tributario, es oportuno que los integrantes de la Comisión Técnica Tributaria se pregunten hasta qué punto hoy en día lo público es público. ¿Y la presunción de inocencia? Pues sencillo, una investigación seria y responsable, como se espera de la conducción de cualquier Gobierno, evitaría condenas sin sentencias, que valga el juego de palabras.
El Paraguay es el segundo país más corrupto de Sudamérica, solo superado por Venezuela, de acuerdo con el índice de la percepción de la corrupción 2018 publicado por Transparencia Internacional. En un país en el que la desigualdad social no es un secreto, sino que va creciendo frente a todos día a día, es desalentador no saber quiénes se aprovechan de este sistema para devorar la poca decencia que intenta salir a flote en medio de tanta podredumbre y perversión generalizada.
Cambiar esa realidad se hace paso por paso. Brindar mayor información sobre los que corrompen el estado de derecho es uno de ellos.
