El inmueble está ubicado en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.
La medida se trató de la tercera intervención en el lugar; sin embargo, los ocupantes, al igual que las anteriores dos veces, volvieron a reconectar, según confirmaron representantes de la empresa pública.
Ministerio Público. José Alberto Godoy, fiscal del caso, informó que la intervención fue exitosa a pesar de que los ocupantes volvieron a reconectarse por tercera vez. Afirmó que aún no existen imputados a pesar de reincidir en el delito. “Estamos esperando los informes de la ANDE. Para saber quiénes serán las personas imputadas. La ANDE es la víctima en este hecho. Se pidió los informes y se espera que remitan”, comentó. Señaló que no tienen identificadas a las personas que habitan en el lugar. Además, afirmó que todo lo realizado está dentro del proceso y que el siguiente paso será la imputación. “No hay nada fuera del proceso, todo sigue su curso normal. Las veces que la ANDE solicite vamos a actuar ante los hechos punibles. La estatal es la que tiene la facultad y es la que denunció en todo momento”, manifestó.
ANDE. Javier Domínguez, asesor jurídico de la ANDE, expresó –por su parte– que remitirán un informe de lo que encontraron en el sitio. Pero que no cuentan con la autonomía para identificar a los infractores.
“La Policía Nacional debe identificar a los moradores. Cuando estuvimos por ahí no encontramos ninguna conexión. Creo que en horas de la noche se realizaron las desconexiones por parte de los infractores por lo que no encontramos ninguna conexión directa, pero encontramos suministros con falta de pagos y se procedió a retirar los medidores de cada propiedad. Eso informaremos al Ministerio Público. Entre el jueves o el viernes remitiremos a la unidad penal de Santa Rosa del Aguaray”, adelantó. Sostuvo que la cuestión de fondo es la invasión de inmuebles, pero ellos no tienen la potestad para sacar a la gente. “Como institución actuamos en consecuencia a las conexiones clandestinas, no tenemos la capacidad para hacer el monitoreo y los cortes ya que eso demanda mayor infraestructura al mover los camiones y la cantidad suficiente de personal”, explicó.
200 ocupantes ilegales residen en el inmueble en la actualidad. El número fue creciendo con el correr de los años.