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Sancionan crédito de USD 244 millones para reducir cortes de energía

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto que aprueba un préstamo para financiar el mejoramiento del sistema de transmisión y distribución de electricidad tanto en el área metropolitana de Asunción como en los departamentos de Alto Paraná y Caaguazú.

En sesión extraordinaria de este martes, los diputados aprobaron el proyecto que establece los contratos de préstamos suscritos entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y sancionaron el documento.

El monto total del préstamo asciende a USD 244 millones, dinero que será utilizado para el financiamiento del proyecto de mejoramiento del sistema de transmisión y de distribución de electricidad.

El plan prevé el cambio de conductores desnudos a preensamblados, sustituir conductores de media y alta tensión, así como el mejoramiento de las subestaciones de la ANDE en el área metropolitana, en 15 centros de distribución.

El refuerzo del sistema eléctrico beneficiará a 786.421 personas de Asunción y los departamentos de Alto Paraná y Caaguazú.

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El diputado Freddy Tadeo D'Ecclesiis, de la Comisión de Presupuesto, explicó que el proyecto también incluye una contrapartida de USD 37 millones por parte de la ANDE.

El préstamo, aprobado con 56 votos, ya tenía media sanción de la Cámara de Senadores, por lo que el documento pasa a consideración del Poder Ejecutivo.

Otro préstamo para comunidades rurales e indígenas

De igual manera, los legisladores también dieron su visto bueno al proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo N° 3601/OC-PR, por un monto de hasta USD 40 millones, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el convenio de crédito suscrito con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, por USD 20 millones.

El dinero será utilizado para la construcción de sistemas de agua y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas del Paraguay. El proyecto está a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs), a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa). El documento pasa al Ejecutivo.

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