En el teatro político paraguayo, existen funciones muy recurrentes como la del “salvador de las arcas públicas”. Recientemente, vimos a una legión de legisladores y figuras del Ejecutivo embanderarse con la urgencia de reformar la Caja Fiscal, un sistema que –es innegable– se desangra con un déficit que acumula USD 1.600 millones en una década. Salvar el muerto es necesario, pero para ello, se requerirá de mucha honestidad.
Sin embargo, CAAC de la retórica de la “sostenibilidad”, se asoma nuevamente el oportunismo. Un oportunismo cuyos colores se hacen más intensos al asomarse una nueva época electoral. Mientras las calles se llenan de manifestantes, la clase política acomoda su discurso para quedarse con una porción de la torta electoral.
Resulta irónico, que quienes hoy claman por ajustes “dolorosos” para los aportantes sean los mismos que no quieren acabar con la jubilación vip en el Congreso. La “valentía” política de la que se jactan parece detenerse justo en la puerta de sus propios privilegios. Para muchos, es fácil hablar desde una posición privilegiada, mientras mCAcaenosprecian a quienes, con impuestos, pagan su exclusiva copa de vino. La clase política no busca salvar la Caja por convicción técnica, sino por la necesidad de presentar una “victoria de gestión”.
El peligro de que la Caja Fiscal se convierta en una bandera electoral, algo que está sucediendo, es que las soluciones técnicas se reemplazan por parches que no enojen a demasiados votantes. Las soluciones reales no contribuyen con el prebendarismo y, por ende, no seducen a quienes viven de la “mamadera estatal”.
Queda claro que los políticos no están buscando un sistema justo; están buscando un titular que diga que “pusieron orden” o “lucharon por salvar al paciente en coma”, mientras aseguran sus votos para el próximo periodo.
Si realmente quisieran hacer algo por el futuro de los aportantes, la reforma empezaría por casa. Mientras el debate siga siendo una herramienta de marketing, la Caja Fiscal seguirá siendo lo que siempre ha sido para ellos: un problema para el próximo gobierno y una excusa para el discurso de hoy.
Sabemos que ninguna reforma paramétrica, por más técnicamente perfecta que parezca en los papeles, o por más noble que sea la intención de quien la impulse, será suficiente si el Gobierno no asume la honestidad como una obligación innegociable.
Mientras el debate se reduce a porcentajes de aporte y años de edad para un grupo de funcionarios y empleados, el Paraguay real –ese de los pasilleros, chiperas y cuentapropistas– observa desde afuera. Para ellos, la Caja Fiscal no es una bandera de salvación –como sí lo es para quienes tienen un sistema previsional–, sino el recordatorio de que todos pagan, por el colchón roto en el que solo algunos descansarán.
Podemos ajustar la edad de jubilación, retocar las tasas de aporte o reestructurar las cajas, pero si el Estado sigue siendo un colador por donde se filtran los recursos en licitaciones turbias y prebendarismo, cualquier sacrificio ciudadano será en vano.
Para que exista un cambio real, se debe empezar a mirar más allá del problema recurrente.
Se requiere de autoridades éticas y responsables, que propicien un diálogo técnico y social amplio, para adoptar medidas que no solo sirvan para que el problema se postergue. Se debe pensar no solo en cuatro años, sino en 30, 50 o más. Se debe pensar en quienes nunca tendrán acceso a un sistema previsional, en esos que con sus impuestos pagan el déficit actual.
Al final, el dilema de fondo es el siguiente: o se legisla para las próximas décadas o se hace campaña para las próximas elecciones. Si el Gobierno no está dispuesto a sacrificar su capital político para salvar el futuro de los trabajadores, la Caja Fiscal no será un sistema saneado, sino un servicio de sepelio por el que los trabajadores abonen cómodas, largas e interminables cuotas.
