Víctor Galeano
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El Departamento de Automotores de la Policía Nacional advierte que las personas víctimas del robo de las piezas de sus vehículos pueden terminar procesadas legalmente si intentan recuperar sus pertenencias mediante la compra en mercados informales. Las autoridades enfatizan que adquirir repuestos de procedencia ilícita no solo fomenta la actividad delictiva, sino que también constituye el delito de receptación, el cual conlleva penas de cárcel.
Por ello, se exhorta a la ciudadanía a denunciar formalmente cualquier sustracción ante las instancias correspondientes en lugar de recurrir a prácticas que, lejos de solucionar el problema, los convierten en cómplices de una red criminal que se nutre de la desesperación ajena.
Al respecto, conversamos con el comisario Abelardo Acosta, jefe del Departamento de Control de Desarmaderos de Vehículos, quien ofreció detalles sobre la lucha contra los desarmaderos clandestinos y los controles que se realizan en los establecimientos habilitados.
El comisario informó que, desde su mandato (hace cuatro a cinco meses), se han intervenido aproximadamente siete desarmaderos clandestinos. Explicó que, si bien la percepción común de las víctimas de robo de vehículos es que estos terminan en desarmaderos, la ley faculta a las autoridades a verificar la procedencia de las piezas.
Acosta indicó que, aunque el robo de autos continúa en todo el país, la labor de inteligencia y los operativos sorpresa han logrado desarticular redes que operaban en la sombra.
Sin embargo, el robo de piezas como espejos, logos de marcas o accesorios menores sigue siendo un desafío persistente, ya que su comercialización en el mercado negro resulta difícil de rastrear debido a la falta de identificación específica en cada componente.
“Una vez que consiguen las piezas no necesariamente llevan a un local de desarmaderos, porque allí se vende el producto en conjunto, no en partes; además, optan por la venta directa a través de plataformas digitales o talleres clandestinos que operan bajo una fachada de legalidad. Esta fragmentación del mercado dificulta enormemente la labor de las autoridades que a menudo se ven superadas por la rapidez con la que estos artículos cambian de manos”, detalló el comisario.
Esta realidad nos recuerda que la impunidad suele florecer en las grietas de la burocracia.
En el área Central existen más de 270 desarmaderos, mientras que Asunción cuenta con 142 locales habilitados, aunque algunos ya no operan o han cerrado. La habilitación de estos locales, emitida por el Departamento de Control de Desarmaderos (DISA, según la ley 2027), tiene una vigencia de hasta tres años, siempre y cuando se renueven los demás documentos y requisitos.
Sobre la intervención en locales clandestinos, el comisario enfatizó que no puede existir un local clandestino.
Si se tiene conocimiento o elementos suficientes que demuestren la existencia de uno, se interviene. Para la institución, la ley permite la intervención sin una orden de allanamiento, intimando al propietario a presentar la documentación requerida para la habilitación en un plazo de setenta días hábiles. Sin embargo, si se encuentran vehículos desarmados de dudosa procedencia, las sanciones son más severas, involucrando a la Justicia ordinaria y la Fiscalía, con órdenes judiciales.
