Sandra Isabel Cárdenas de Ortiz, una profesora de Matemáticas de larga trayectoria en la ciudad de Caacupé, logró recuperar el dinero que por años le embargaron por deudas que en realidad nunca existieron. Los demandantes hicieron una reparación de daños, según informó la Comisión de la Mafia de Pagarés del Senado.
A la mujer le habían sacado más de G. 34 millones en dos juicios en la ciudad de Villa Elisa, por deudas que ella denunció que no tuvo y con gente con quien no hizo trato. Todo inició en el 2021 y desde ese año está peregrinando buscando justicia.
Ahora –luego de hacerse público el caso– los demandantes buscaron a Sandra para reparar el daño y se firmó un acuerdo extrajudicial, en donde se comprometieron a pagarle y finiquitar ambos juicios en su contra.
El monto que le entregaron cubre íntegramente lo que se le descontó a través de los embargos, sumado a gastos por contratar abogados y tras-ladarse desde Caacupé hasta Villa Elisa.
El acuerdo se hizo a través del abogado Alcides Ranulfo Estigarribia, en representación de los dos demandantes: Juan Manuel Aponte Verón (presunto asesor jurídico de la Municipalidad de Villa Elisa) y Juan Francisco Mendoza Romero.
En la negociación, Sandra no estuvo sola, fue acompañada por una comitiva de la Comisión del Senado.
Esto, ya que el abogado Estigarribia tiene un sinnúmero de denuncias por promover masivas demandas contra víctimas, a través de la empresa Eda y Asociados.
ESTAFADA POR AÑOS. Sandra Isabel Cárdenas es otra víctima de la mafia de los pagarés. Las deudas que le inventaron incluso le causaron una extraña infección de los nervios del cerebro, obligándola a quedarse en cama por dos meses, sin poder caminar.
En abril del 2021, comenzaron los descuentos. Ese mes, le debitaron de su sueldo G. 1.439.527 y ella no entendía el porqué. Recurrió entonces al Ministerio de Educación en la sede de Asunción.
PRIMER JUICIO. Allí se enteró que se trataba de una demanda judicial en el Juzgado de Villa Elisa, que le inició Juan Manuel Aponte Verón, a quien ella no conocía.
Luego de un ir y venir desde Caacupé hasta Villa Elisa, logró ver el expediente y al revisar el pagaré no reconoció: “Al instante me di cuenta que no es mi firma”, había denunciado ella.
El pagaré tenía campos incompletos, lo que permitió que le puedan hacer otro juicio con el mismo documento, pero ya completado.
En ese embargo, le sacaron G. 10.590.800. Después de dos años, vino otro y terminó pagando G. 11.136.146 en el mismo juicio.
SEGUNDO CASO. En julio del 2024, vino otro embargo pero de un nuevo juicio, promovido por Juan Francisco Mendoza Romero, a quien ella tampoco conocía.
Esa vez, se le debitó G. 1.794.000 mes a mes, hasta completarse G. 10.590.800.
Ella había denunciado que las notificaciones en ambos casos nunca le llegaron.
En un caso inclusive, supuestamente se le notificó en “Caacupé Centro”, sin dirección exacta, y de igual manera, la jueza Martha Benítez aceptó esas notificaciones.
- Luego de hacerse público el caso, los demandantes buscaron a Sandra para reparar el daño y se firmó un acuerdo.
Investigación en la Fiscalía lleva más de dos años parada
Esta semana, la Comisión Especial del Senado se tras- ladó a la sede de la Fiscalía de Villa Elisa para verificar si está o no avanzando la causa que denunció Sandra Cárdenas, relatando las graves irregularidades detectadas en ambos juicios ejecutivos.
Allí se reunieron con la asistente fiscal Liz Alonso, quien informó que la fiscala Fany Aguilera asignada a la causa se encontraba en juicio oral.
Le pidieron que el caso avance con celeridad y firmeza, ya que lleva dos años parada.
Desde la Comisión enfatizaron que “más allá de la reparación económica y el acuerdo patrimonial privado, la acción penal debe proseguir para sancionar e imputar las responsabilidades de los actores particulares y auxiliares judiciales que incumplieron sus deberes constitucionales”.
Sandra Cárdenas había hecho la denuncia ya en setiembre del 2024, y hasta ahora no pasó nada.
EN EL JEM. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó conocimiento de que la denuncia sigue cajoneada desde hace dos años en la Fiscalía de Villa Elisa.
Fue el ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay el que recomendó que se abra el plazo para decidir si se inicia o no una investigación de oficio.
Recién el 2 de octubre de este año se cumple el tiempo para que el JEM pueda definir si investiga.
