La activista Esther Roa, abogada conocida por sus fuertes denuncias contra la corrupción pública, cuestionó la pasividad de los jueces y los Tribunales en el caso de Erico Galeano, senador de Honor Colorado procesado en el marco del Operativo A Ultranza PY, bajo los cargos de lavado de dinero y asociación criminal.
La defensa del colorado cartista recusó a los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak quince minutos antes del inicio del juicio oral y público, pero el Ministerio Público confirmó a los agentes, por lo que se preparan para avanzar en la causa. El senador tiene un plazo de tres días para impugnar.
Lea más: Cartista al banquillo judicial por supuesto lavado y vínculos narcos
Roa sostiene que el sistema judicial solo busca la impunidad en las causas más grandes.
“La Justicia, sin lugar a dudas, no alcanza a las autoridades corruptas en Paraguay. Las pocas causas que logran llegar a la etapa de juicio oral están plagadas de chicanas, cuyo único objetivo es garantizar la impunidad a través de la prescripción”, manifestó a Última Hora.
<b>"Ninguna autoridad procesada por corrupción o con vínculos con el crimen organizado puede ocupar espacios públicos sin enfrentar el repudio ciudadano”.</b>
La activista indicó que Erico Galeano planteó la medida para dilatar el proceso, utilizando a un abogado que ni siquiera ejerce su defensa. “Esta maniobra burda y maliciosa debe ser sancionada con firmeza. Sin embargo, ni los jueces, ni los Tribunales de Sentencia, de alzada, ni siquiera la Sala Penal de la Corte, sancionan este tipo de abusos procesales”, cuestionó.
Lea más: Fiscales de caso Erico Galeano son confirmados por el Ministerio Público
Los abusos procesales son la clave en estos grandes casos de corrupción, además que esta causa se trata de un hecho ligado al narcotráfico. Roa indica que ante la falta de justicia, lo que le queda a la ciudadanía es el escrache como herramienta de sanción social.
“Esta pasividad evidencia el sometimiento del sistema judicial a los intereses de la clase política, especialmente, cuando se trata de figuras vinculadas al poder. Frente a esta orfandad institucional, la ciudadanía no puede permanecer indiferente. Es nuestro deber actuar como contrapeso: Controlar, exigir justicia y escrachar públicamente a quienes se niegan a someterse a la ley”, sentenció.
El repudio hacia estos males que causan daño al Estado y debilitan los servicios públicos fundamentales debe ser, para Roa, la forma en que la ciudadanía debe responder.
“Ninguna autoridad procesada por corrupción o con vínculos con el crimen organizado puede ocupar espacios públicos sin enfrentar el repudio ciudadano. El escrache sigue siendo, en muchos casos, la herramienta más eficaz que nos queda para hacer justicia desde la sociedad”, concluyó.
