04 sept 2026

Cartista al banquillo judicial por supuesto lavado y vínculos narcos

Desde el 2022, Erico Galeano está en el ojo de las acusaciones. El senador cartista tiene tres días para impugnar la medida que confirmó a los fiscales que lo acusan. El juicio que debió iniciar fue parado con una acción de recusación, que quedó rechazado.

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Erico Galeano, senador cartista.

Foto: Archivo

El senador cartista Erico Galeano Segovia enfrenta una de las causas penales más complejas del Operativo A Ultranza Py, con la acusación de supuesto lavado de dinero y asociación criminal, por su presunta participación en una red de logística y encubrimiento del narcotráfico a gran escala.

El Ministerio Público confirmó a los fiscales a cargo Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, luego que Galeano y su equipo jurídico los recusaran unos 15 minutos antes del juicio oral y público. El juicio se prepara para continuar tras intentos fallidos de dilación por parte de la defensa. Galeano tiene tres días para impugnar esta medida.

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El parlamentario no solo es acusado de formar parte de una red de lavado, sino de ser un engranaje logístico esencial de una organización narco internacional. Según informes financieros, habría incluso ramificaciones que tocan a cooperativas, clubes deportivos, el sector tabacalero y estructuras de poder político.

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A Galeano, que viene sonando con A Ultranza desde el 2022, se lo liga con operaciones sospechosas desde el 2013, según recogió el informe Mara de la Seprelad, sobre movimientos de dinero tanto a título personal como su empresa Alpina S.A. y también como socio de Mercury Tabacos.

En una cronología de hechos recabados tanto por la Seprelad como por la acusación presentada por los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta se encuentra la compra de Aqua Village, créditos multimillonarios de cancelación rápida y transferencias que saltaron alarmas del sistema financiero.

También en un cruzamiento entre las acusaciones contra Miguel Insfrán, alias Tio Rico, se rescatan operaciones de vuelo con una aeronave de su propiedad para logística de las operaciones del prófugo uruguayo Sebastián Marset.

Cronología clave de hechos (2013–2025)

2013 – Adquisición inmobiliaria. Adquiere en febrero una propiedad en Aqua Village (Altos) por USD 210.599.

2016–2019 – Transferencias tabacaleras. Recibe de Mercury Tabacos SA (Metasa), vinculada a Tabesa, envíos por G. 475 millones, y USD 10.000, entre 2017 y 2019, registrados como operaciones sospechosas por informe de Seprelad.

2018 – Omisión patrimonial. Asume como diputado omitiendo la propiedad de Aqua Village y 12 cuentas bancarias, según informe de Seprelad.

2020 – Venta cuestionable. Vende el inmueble por USD 1 millón a Hugo González, presunto testaferro del narco Miguel Insfrán alias Tío Rico. La titularidad se cede en noviembre de 2021, dejando dudas sobre encubrimiento.

2021 – Transferencias Millonarias. Envía USD 2.25 millones al expresidente Horacio Cartes –no declarados–, presuntamente como préstamo, según Seprelad.

2016–2022 – Préstamos cooperativos sospechosos. Obtiene 17 préstamos por G. 40.8 mil millones de la Cooperativa Capiatá. En febrero de 2022 retira G. 10.000 millones, cuya garantía fue incluso el estadio del Club Capiatá.

Marzo 2022 – Factura ANDE. En allanamiento del operativo A Ultranza aparece una factura de ANDE a su nombre, vinculándolo jurídicamente con la propiedad investigada.

2022 – Seprelad identifica patrones de triangulación financiera entre Alpina S.A., Mercury Tabacos y Tabesa, presuntamente destinados al lavado de dinero vinculado al contrabando.

2023 y 2024 - Galeano presentó una serie de recusaciones y apelaciones para frenar la causa, especialmente en la elevación a juicio oral.

Estado judicial actual

La recusación de los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak fue rechazada por el Ministerio Público, confirmando su permanencia en la causa. El juicio oral se reanudará tras la resolución de los recursos de apelación.

Soledad Machuca, fiscala adjunta, fue la rechazó la recusación y confirmó a los agentes. Galeano tiene tres días hábiles para impugnar esta medida.

Álvaro Cáceres, uno de los abogados de la defensa del senador Galeano, argumentó que los agentes fiscales perdieron el principio de objetividad y, por ello, pidieron la recusación de ambos.

En respuesta, el fiscal Silvio Corbeta observó la acción como “dilatoria” ya que la misma fue presentada el día del juicio oral a solo 15 minutos del inicio y fue realizada contra ambos agentes fiscales, dejando sin opciones para que el juicio siga su curso.

Puntos clave de la acusación del Ministerio Público

La acusación formal contra Galeano, firmada por los fiscales Corbeta y Pak, sostiene:

1. Simulación en compraventa de inmueble
Vendió una propiedad en Aqua Village en octubre de 2020 por USD 1.000.000 en efectivo a Hugo González, señalado testaferro del narco Miguel “Tío Rico” Insfrán. El contrato se hizo en plena pandemia, con el precio inflado respecto al mercado y sin justificación económica del comprador. La venta fue una simulación para ocultar al verdadero comprador, identificado como Insfrán.

2. Provisión de aeronave a red narco
Galeano puso a disposición de Sebastián Marset, Tío Rico e integrantes del grupo su avioneta ZP-BHQ, de la firma Alpina S.A., para realizar vuelos clave en noviembre y diciembre de 2020, tras la incautación de aeronaves de la red criminal.

3. Inserción de dinero ilícito en el sistema financiero
El dinero obtenido por la venta fue depositado en efectivo en dos operaciones por más de G. 4.158 millones, sin declarar correctamente su origen ni realizar cambio de divisa, lo que motivó un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante Seprelad.

4. Lavado a través del Club Deportivo Capiatá
Declaró en 2023 una inversión de G. 10.379 millones en el club, en contraste con una declaración anterior que indicaba solo G. 1.100 millones. La Fiscalía presume que esta suma proviene de actividades delictivas.

5. Adquisiciones de lujo sin respaldo
En 2021, adquirió un Mercedes Benz, una camioneta Ford F150, una casa en Ciudad del Este y un terreno en San Lorenzo, sin evidencia de ingresos lícitos suficientes para justificar esas compras.

6. Ocultamiento patrimonial
En su declaración jurada como diputado en 2018, omitió incluir el inmueble luego vendido por USD 1 millón. Solo lo declaró tras el allanamiento en 2022, cuando se encontró una factura de ANDE a su nombre en la propiedad ahora bajo investigación.

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