A la salida de la extendida sesión reservada con la Cámara de Senadores, dialogaron con los medios este miércoles el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, el comisario Carlos Benítez.
Riera defendió la actuación policial, recalcando que se ajustó a la ley y sobre el punto, se refirió específicamente a los disparos que le produjeron la muerte al diputado oficialista Eulalio Lalo Gomes.
“Claramente, pudimos –policialmente hablando– explicar que la reacción fue en defensa propia y en razón de que hubo una acción previa, que se explicó con lujo de detalles, con un técnico altamente capacitado en la Policía, que hizo una exposición del caso”, acotó.
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En otro momento, dijo que el personal que realizó los disparos “pudo haber muerto y tuvo que disparar”. “Si nosotros no defendemos a ese policía, olvídense de luchar contra el crimen organizado”, prosiguió.
Entre otras cosas, se refirió a la orden judicial que dio luz verde al allanamiento que ejecutó la Policía Nacional y mencionó que el operativo fue totalmente paraguayo.
“Se habló de americanos, se habló de brasileños. Es cien por ciento paraguayo. Una cosa es la cooperación internacional en la formación y en el trabajo, en el manejo de la información y en la capacitación. Otra cosa es en la operación: cien por ciento paraguayo. Juez paraguayo, fiscales paraguayos, policías paraguayos”, enfatizó
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El secretario de Estado consideró que la responsabilidad fue compartida y manifestó que todas las pruebas necesarias fueron recabadas, que ahora están en manos del Ministerio Público para la investigación al respecto y que “a la luz de los hechos” se confirmará con el tiempo la actuación policial.
Actualmente, 22 agentes de la Policía Nacional, 12 de FOPE y 10 de SIU se encuentran bajo sumario por el allanamiento realizado en la madrugada del último lunes, en el domicilio del diputado Lalo Gomes –quien resultó muerto–, en Pedro Juan Caballero, Amambay. El político cartista estaba vinculado al narcotráfico y fue imputado casi en simultáneo al operativo en su casa por lavado de dinero para financiar el crimen organizado.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió con respecto al juez de Crimen Organizado Osmar Legal y los fiscales Osmar Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla, involucrados en el procedimiento, aguardar en un plazo de 20 días la presentación de una denuncia contra ellos por parte de representantes legales de la víctima; caso contrario, serán enjuiciados de oficio.
